Opinión | Desaparecidos: una ley que no puede esperar

Hace poco conocí a una madre mexicana que desde hace años perdió todo rastro de su hijo. Él salió de casa como cualquier día y sujetos desconocidos se lo llevaron por la fuerza a plena luz del día. Testigos de los hechos le contaron que hubo gritos y forcejeos, pero nadie pudo impedirlo. Los testimonios recabados en el expediente del caso están incompletos. La denuncia que se interpuso se entrampó entre deficiencias de procedimiento y falta de pruebas contundentes. A la fecha, el joven sigue desaparecido.

El drama por la ausencia de una persona y la angustia que genera en sus familiares impactan en múltiples aspectos de la vida de esas personas, quienes llevan años buscando sin cesar, contra la desesperanza y de todas las maneras posibles a sus familiares. Ante este sufrimiento, contar con una ley para prevenir las desapariciones, mejorar la búsqueda de personas y sancionar ese delito es absolutamente necesario para dar una respuesta a esta tragedia.

Hace más de dos años el Estado mexicano se comprometió a adoptar una ley que atienda las consecuencias de las desapariciones y que responda a las necesidades de las personas desaparecidas y de sus familias. El proceso inició en 2015 con la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión a legislar sobre desaparición forzada y por particulares y a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Durante su visita a México en abril de aquel año, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, abordó el tema con el presidente Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios. Maurer fue informado entonces de que la adopción de esta ley era una prioridad para el mandatario y su Gobierno. A partir de entonces el CICR ha acompañado el proceso de elaboración de esta ley en sus diferentes etapas, del Ejecutivo al Legislativo.

Ha pasado el tiempo y la nueva legislación en la que están depositadas tantas esperanzas sigue sin concretarse. ¿Tendremos que esperar dos años más para que el marco jurídico sobre personas desaparecidas sea finalmente aprobado?

Ante la existencia de más de 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales, sus familias se han sentado a dialogar con las autoridades exigiendo mecanismos verdaderamente efectivos para la búsqueda de personas, investigaciones imparciales, efectivas e inmediatas de esos casos y el reconocimiento legal de la ausencia de una persona. Para ellas, así como para las familias de migrantes desaparecidos en México, no solo es absolutamente necesaria la aprobación de una ley, sino urgente.

En ausencia de investigaciones que ofrezcan resultados, las desapariciones continúan ocurriendo en el país y afectan no únicamente a mexicanos sino también a personas migrantes que atraviesan el país. En ausencia de los mecanismos efectivos para la búsqueda de personas, que deben ser creados con esta esperada ley, colectivos de familiares han emprendido la búsqueda de sus seres queridos por su propia cuenta y riesgo y han encontrado fosas con personas no identificadas. Las cifras no mienten: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que entre enero de 2007 y septiembre de 2016 fueron halladas en México 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron 1.548 fallecidos. De todos ellos, han sido identificados apenas 796.

El CICR ha visto avances significativos, consensos y compromisos valiosos por parte de los diversos actores para contar, por ejemplo, con una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con policías capacitados y certificados, que tenga acceso a bases de datos y a registros existentes en poder de las autoridades. También es positiva la anunciada creación de un registro de desaparecidos y de otro para personas fallecidas sin identificar.

Soy consciente de que una problemática tan compleja no se agota en la aprobación de una ley, pero este es un paso imperativo y necesario en la dirección correcta para responder a las consecuencias humanitarias de las desapariciones de personas en México. Para garantizar su efectividad, su implementación será fundamental. Deberán elaborarse los protocolos y reglamentos necesarios. Asimismo, será importante destinar el presupuesto necesario y suficiente para garantizar el funcionamiento de los mecanismos que se creen, pero también para capacitar a los funcionarios y desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias que los auxilien en la búsqueda y en la identificación de las personas fallecidas.

Solo mediante un compromiso político de este calado, que esté acompañado por el fortalecimiento de las instituciones existentes, estaremos en vías de atender esta problemática que genera un enorme sufrimiento para miles de personas, en particular, y a la sociedad en su conjunto.

Juan Pedro Schaerer es jefe de la delegación para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja.

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