Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa, ordenó una nueva suspensión a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente desde el 5 de noviembre pasado.
Consideró que dicha ley, que implica reducción de salarios a altos funcionarios para que nadie gane más que el presidente (108 mil pesos mensuales), podría generar afectaciones de difícil reparación a jueces que tramitaron el amparo.
Dijo que su decisión –que se suma a la tomada en el mismo sentido por el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán– se basa en la “apariencia del buen derecho”, pues la citada Ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría resultar inconstitucional.
Ello porque, estimó, la ley establece un diseño que deja en el titular del Poder Ejecutivo la facultad de determinar, unilateralmente y sin parámetros objetivos, el monto del salario de los titulares del Poder Legislativo y Judicial.
“Si bien el artículo 127 señala que ningún servidor público podrá́ recibir una remuneración mayor a la del presidente, ello no conduce a determinar que sea el presidente quien, en forma unilateral y de acuerdo a sus creencias ideológicas, fije su propia remuneración”, dijo el juez.
Agregó que dejar esa facultad al presidente podría implicar que, sin parámetros objetivos ni justificados, se haga depender la estabilidad y remuneraciones de todos los funcionarios públicos de los demás Poderes de la Unión a lo que el titular del Ejecutivo decida y con ello afectar al sistema de pesos y contrapesos.
Explicó que en México existe un sistema legal para establecer, “sobre bases reales y no demagógicas, ni ilusorias”, el monto del salario del presidente, el cual no se siguió a la hora de establecer el monto de 108 mil pesos.
Con una justificación crítica y ante el “choque de poderes” por la aplicación de dicha ley, el juez Silva García dijo que esta suspensión no debe ser interpretada como un obstáculo a un plan de austeridad ni a la posibilidad de castigo a los abusos en el ejercicio del presupuesto.
“No debe interpretarse como un obstáculo, para que el Poder Judicial racionalice, en un esquema de colaboración de poderes, sus gastos y prestaciones en sintonía con la situación económica del país, siempre que existan garantías que descarten la subordinación directa o indirecta de otros Poderes dentro del Estado”, apuntó.
En un acuerdo de 26 páginas, el juez explicó que no está impedido de conocer de este caso promovido por dos jueces, ya que él no ha buscado ni buscará el amparo de la justicia federal contra dicha ley.
Recordó que en México las elecciones presidenciales se celebran siempre en el contexto de una democracia constitucional donde se elige a un mandatario, no a un soberano, por lo que el presidente electo debe actuar para representar al Poder Ejecutivo, acotado a la igualdad de los otros poderes.
“El presidente electo no ha sido votado para sobreponerse al sistema democrático constitucional, sino para gobernar dentro de sus presupuestos, reglas y principios: el presidente no es una figura para-constitucional, sino un poder supeditado a la Constitución”, dijo el juez.
Explicó que México se rige por una democracia constitucional en la que opera la regla de las mayorías.
No obstante, consideró que las mayorías democráticas no podrían válidamente tomar decisiones arbitrarias como privar a un trabajador de su salario, convertir al país en una dictadura, autorizar la desaparición de la división de poderes u ordenar la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.
“La democracia constitucional es un concepto más complejo que la toma presidencial de decisiones apoyada por un grupo de seguidores”, dijo.
Agregó que el Poder Judicial no debe imponer la remuneración de los legisladores o del presidente de la República, pero tampoco el presidente u otro Poder, en forma unilateral, deben imponerse frente al Poder Judicial para controlar su administración y menos las remuneraciones de los juzgadores.
Señaló que si bien la titularidad del Ejecutivo y la integración del Legislativo se ganan en las urnas; el Poder Judicial está creado para que quienes triunfan en las urnas no generen un gobierno contrario a los principios y valores del Estado Constitucional de Derecho en perjuicio de las minorías.
