La intensa discusión sobre el artículo transitorio en la reforma judicial que extendió por dos años el periodo en el que el ministro Arturo Zaldívar sería presidente de la Corte, permite poner sobre la mesa el tema de la relevancia de los órganos autónomos.
En los últimos días, tres de ellos han hecho valer su autoridad y mostraron que siguen siendo fundamentales en la vida del país: el INE, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Vea usted lo que dijo el INE:
“Se considera justificado, oportuno y necesario ordenar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante Acuerdo ACQyD-INE-68/2021, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública, con fundamento en lo establecido en el artículo 41 constitucional”, señaló una comunicación del INE el jueves pasado.
Esto ocurrió porque ya se había emitido una instrucción al presidente con motivo de su conferencia matutina del 16 de abril, en la que difundió logros de su gobierno, lo que está prohibido en etapa electoral. El propio jueves volvió a hacerlo, lo que motivó la respuesta del INE.
Y ante la versión expresada el viernes por el presidente en su conferencia, en el sentido de que no había sido notificado formalmente por el INE, el Instituto exhibió la notificación con el sello y firma de recibido, de la Oficina del Consejero Jurídico, correspondiente al 22 de abril.
Así que todo indica que el INE no se va a dejar presionar ni amedrentar y va a seguir aplicando la ley, con todo lo que ello implique.
Por su parte, el Banco de México dio a conocer el viernes pasado sus estados financieros correspondientes a 2020 y estableció que no hubo remanente de operación, por lo que no habrá transferencia alguna al gobierno federal.
Aunque ya en las últimas semanas, los propios funcionarios de Hacienda reconocían que era poco probable que hubiera dicho remanente, el año pasado, el gobierno federal sugirió incluso que el Banxico adelantara una parte, lo que obviamente fue rechazado.
Por cierto que no hay que perder de vista que al final de este año, Alejandro Díaz de León concluye su mandato como gobernador del Banxico, y aunque hipotéticamente podría repetir en el cargo, todo hace suponer que el presidente López Obrador reemplazará al funcionario.
La Cofece, por su parte, dio a conocer el jueves pasado que interpuso una controversia constitucional contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que fueron aprobadas en el Congreso.
Dichas reformas no están hoy en funcionamiento porque los jueces Gómez Fierro y De la Peza, otorgaron suspensiones a quejosos del sector privado.
La actitud de los juzgadores ha molestado de tal manera al gobierno que ya se anunció que legisladores de Morena presentarán una reforma para eliminar los tribunales especializados que encabezan.
El hecho de que la Cofece haya presentado la controversia constitucional permitirá que este tema se aborde directamente en la Corte sin necesariamente esperar las resoluciones de los tribunales de circuito y la ruta jurídica de los amparos contra la reforma eléctrica.
La Cofece ya ganó un litigio cuando el 4 de febrero pasado la Segunda Sala de la Corte le dio la razón a sus cuestionamientos sobre el decreto que modificaba la política de despacho eléctrico.
Es claro que las acciones de los órganos autónomos son incómodas para el Poder Ejecutivo, pero en la construcción de la democracia mexicana y del sistema de pesos y contrapesos, son fundamentales.
La buena noticia es que siguen actuando con decisión y de acuerdo al mandato constitucional que tienen… pese a las amenazas que algunos han recibido.
