La PGR se desistió de la acusación contra Luis Alberto López López, chofer del empresario Manuel Barreiro y principal responsable del presunto lavado de 54 millones de pesos para la compra de una propiedad de Ricardo Anaya.
La exoneración se dio luego de que López López firmó un acuerdo reparatorio consistente en la entrega de la nave industrial comprada a Anaya por la empresa Manhattan Master Plan Development.
De acuerdo con poderes notariales, López López, acusado por la PGR del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aparece como representante legal y propietario de la misma.
López López también aportó a la PGR información relevante para la investigación, en la que se estableció que él firmó papeles de propiedad, como favor que le hizo a Barreiro, pero siempre desconociendo qué era lo que firmaba.
El desistimiento de la PGR se concretó este martes durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, en la que estuvo presente personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ahí, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reconoció que López López tiene una mínima o nula responsabilidad en este caso, porque no se benefició económicamente con la transacción.
Por ello, pidió sobreseer la causa solo por lo que hace a él, aunque sí se mantiene contra Barreiro y los hermanos Juan Carlos y Sergio Reyes García, entre otros implicados en el caso.
El caso se reveló luego de que la PGR recibiera, el 26 de octubre de 2017, una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con base en dicha denuncia se contactó con los operadores del entramado financiero, dos abogados fiscalistas, quienes revelaron que todo se operó presuntamente para beneficiar a Anaya.
Dijeron que el terreno en el que se encontraba la nave industrial se compró en 12 millones de pesos y se vendió, ya como nave industrial, en 54 millones de pesos. Dichos recursos se movieron mediante 12 empresas fachada o de papel, ubicadas en al menos cinco países del mundo.
Hasta el momento la PGR no ha sido clara en establecer si Ricardo Anaya es o no investigado por este caso.
