Populismo electoral y propuestas anticorrupción

AMLO

En 2018, América Latina estará envuelta en un ambiente electoral. Además de México, este año también habrá elecciones presidenciales en Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil y Venezuela. En este contexto, es previsible que los recientes escándalos de corrupción que se han presentado en nuestra región y el contraste entre propuestas para combatirla, sean parte central del debate electoral.

Este debate se presenta en un contexto particular para la región. Por un lado, los escándalos sobre casos de corrupción política en América Latina han generado una considerable carga de indignación e inconformidad social que se transfiere al debate electoral.

Este ambiente de indignación se agrava con la percepción cada vez más extendida en la región de que la corrupción es una manifestación palpable de la desigualdad social y económica, y de que las instituciones políticas que deberían ser imparciales y procurar justicia, trabajan en favor de los intereses de los poderosos.

Estos elementos en conjunto cimentan las condiciones para que se presenten propuestas de combate a la corrupción que buscan capitalizar la indignación con promesas de corte populista. Estas propuestas van dirigidas a ganar el favor del ciudadano común con promesas de acciones de gobierno que un análisis superficial revelaría como inviables, incosteables y contraproducentes, pero que suenan atractivas en un contexto general de indignación y enojo social.

El analista venezolano Moisés Naím, en un artículo publicado en El País, advierte sobre el riesgo de que la lucha contra la corrupción en contextos de indignación social sea la oportunidad para que líderes políticos populistas se presenten como la solución a los problemas de corrupción de nuestros países.

Aquí enfrentamos un doble riesgo: por un lado, la elección de líderes populistas que usan el combate a la corrupción como plataforma electoral, presentándose a sí mismos como personas íntegras y con voluntad de cambio que se enfrentan a una clase política corrupta.

Silvio Berlusconi, Vladimir Putin y Hugo Chávez llegaron al poder como candidatos antisistema y con una plataforma que proponía acabar con la corrupción de los políticos tradicionales.

Por otro lado, está el riesgo de que el combate a la corrupción se convierta en mecanismo de represión política. Los gobiernos autoritarios suelen utilizar las acusaciones de corrupción para “neutralizar” a sus enemigos políticos.

El gobierno de Vladimir Putin –que ha tolerado la corrupción de políticos y empresarios cercanos al régimen– ha utilizado las instituciones y leyes anticorrupción del gobierno para controlar y en algunos casos encarcelar a empresarios y políticos opositores, como lo hizo con Vladimir Gusinsky y Mikhail Khodorkovsky. En China, Xi Jinping inició desde 2012 una muy agresiva política anticorrupción, bajo la cual se ha sancionado a más de un millón de servidores públicos y más de 170 funcionarios de nivel ministro han sido despedidos, encarcelados o ejecutados bajo acusaciones de corrupción. Estas acciones han logrado concentrar el poder político en la figura de Xi Jinping, renovando a su favor los liderazgos en el partido comunista.

Hace apenas unos meses, el joven príncipe Mohamed Bin Salman, de Arabia Saudita, hizo una auténtica purga en los liderazgos políticos de ese reino, al detener por acusaciones de corrupción a cerca de 200 miembros del gobierno y de la familia real, en lo que se ha interpretado como una acción para eliminar la oposición a su agenda de reformas.

En México, de los tres precandidatos que se perfilan a ser los candidatos a la presidencia, sólo Andrés Manuel López Obrador ha presentado un documento en el que se presentan en forma detallada sus propuestas para el combate a la corrupción. Dos aspectos de esta propuesta me parecen preocupantes. El primero de ellos es la viabilidad de las acciones anticorrupción que se plantean, especialmente en lo que respecta a los ahorros anuales para el gobierno que se espera generar sólo por acciones de combate a la corrupción, que según mis cálculos asciende a un trillón, 840 billones, 764 millones 239 mil 210 pesos. Como parámetro, tomemos en cuenta que el Presupuesto de Egresos para 2018 es de poco más de cinco billones de pesos. No se toma en cuenta una realidad elemental, y es que el gobierno no es la víctima de los sobornos, los cuales generalmente son pagados por ciudadanos a servidores públicos. Esto significa que la eliminación de sobornos no generaría ahorros al gobierno, sino a los ciudadanos que los pagan, por lo que no pueden contabilizarse como un ahorro para el tesoro público. La otra propuesta preocupante es la de darle a quienes son investigados por corrupción el mismo tratamiento que se les da a quienes son investigados por crimen organizado. Esto significa que quien sea acusado de corrupción será encarcelado durante la investigación. La materialización de esta propuesta significaría la posibilidad de que el combate a la corrupción se convierta en un instrumento político para ajustar cuentas con opositores, como ha sucedido en otros países y como lo advierte Moisés Naím.

Es un hecho que la corrupción y las estrategias para combatirla serán temas que marcarán las campañas electorales este año. El debate que resulte del contraste de propuestas deberá prevenir los impulsos populistas de tal forma que el combate a la corrupción no se convierta en instrumento electoral vacío de contenido, o peor aún, en pretexto para que desde el gobierno se elimine a opositores políticos. 

Twitter: @benxhill

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