CIUDAD DE MÉXICO.- Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró que no hay certeza sobre la cobertura de las vacunas que se aplican a menores en su primer año de vida, pues mientras la Secretaría de Salud (SSA) sobrestima el dato, al asegurar que la cobertura es del 90.7 por ciento, el organismo sólo ha comprobado un 60 por ciento.
El exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández Ávila, aseguró que “México podrá perder el liderazgo en vacunación universal que tiene América Latina” porque para el caso de la vacunación oportuna, la plataforma operada por la Fundación Carlos Slim y la SSA, sostiene que la cobertura promedio, hasta octubre del 2018, es de apenas un 47.7 por ciento; pero la UNICEF estimó en 2015, una cobertura de apenas el 34.3 por ciento.
En el documentó que elaboró, denominado Salud deteriorada, Opacidad y Negligencia en el Sistema de Salud Pública, expone que las cifras anteriores indican que hasta el 65.7 por ciento de los infantes pudieran no contar con un esquema completo o recibirlo tardíamente, por lo que están en riesgo de enfermar.
En el evento en el que estuvo acompañado por María Amparo Casar y la exsecretaria de Salud de Morelos, Vesta Richardson López Collada, Hernández Ávila, negó las afirmaciones de la Secretaría de Salud de que sólo el 9.3 por ciento de los infantes están en riesgo de contraer enfermedades prevenibles con vacunas.
Indicó que desarrollar el estudio sobre la “salud deteriorada”, se encontraron evidencias sobre prácticas monopólicas, compras fragmentadas y pago de vacunas a sobreprecio.
Por ello, Hernández Ávila y MCCI recomendaron utilizar los esquemas de compra al Fondo Rotario OPS para vacunas como Hepatitis B, triple y doble viral, BCG (tuberculosis), rotavirus y virus del papiloma humano, lo que ahorraría unos 180 millones de pesos al año.
También criticó el monopolio en la venta de vacuna antirrábica a un empresa que realizan todos los estados del país, las cuales se usan en campañas masivas de vacunación y que ha propiciado compras a sobreprecio de hasta un 400 por ciento de su valor de mercado, pues sólo en esta adquisición el gobierno se podría ahorrar hasta 168 millones de pesos si se adquiriera en el mercado internacional o se permitiera que otra empresa la vendiera a un costo real.
