Un nuevo reporte de prensa ha puesto en entredicho la imparcialidad del juez que está en el centro de Lava Jato, la pesquisa anticorrupción que ha enviado a prisión a decenas de altos políticos y empresarios en Brasil y el extranjero.
El portal noticioso The Intercept asegura que documentos filtrados muestran la manera en que el juez Sergio Moro instruía indebidamente a los fiscales en un caso que derivó en el encarcelamiento del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, una acusación que el exmagistrado y actual ministro de Justicia ha refutado.
Aquí un vistazo al caso en general.
¿Cómo empezó?
Lava Jato comenzó en marzo de 2014 como una investigación sobre lavado de dinero en el estado de Paraná, en el suroeste del país.
La policía local y la fiscalía arrestaron al propietario de gasolineras Carlos Habib Chater y lo acusaron de hacer negocios con Alberto Youssef, quien fue condenado por lavado de dinero y le había regalado una camioneta Range Rover a un exejecutivo de la compañía petrolera Petrobras, Paulo Roberto Costa.
Youseff y Costa lograron acuerdos de culpabilidad que revelaron una enorme red de sobornos.
¿Cómo funcionaba la red?
De acuerdo con la fiscalía, los ejecutivos de grandes compañías de construcción como Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez prácticamente formaron un cártel que decidía a qué empresa se le otorgarían las licitaciones de Petrobras, con montos que a menudo superaban los miles de millones de dólares, y qué tanto se inflaban los precios para encubrir los pagos a políticos y ejecutivos de la empresa, señalan los investigadores.
¿Quién ha sido detenido?
Una larga lista de empresarios y políticos han sido condenados o están bajo investigación.
El expresidente Lula ha apelado una sentencia de 8 años y 10 meses por aceptar un apartamento de parte de OAS. Otro exmandatario, Michel Temer, también está siendo investigado.
Otras figuras involucradas son el exdirector general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
También ha tenido enormes consecuencias en Perú: Los fiscales afirman que han pedido una sentencia de 20 años en contra del exmandatario Ollanta Humala, mientras que otro expresidente, Alan García, se suicidó de un disparo en la cabeza en abril pasado justo antes de que las autoridades llegaran a su residencia para arrestarlo en relación con la pesquisa.
¿Cómo se vincula Lula?
Testigos bajo acuerdo de culpabilidad acusaron a Lula de aceptar en secreto un apartamento frente al mar de parte de OAS a cambio de obtener licitaciones de Petrobras entre 2006 y 2012.
El exmandatario brasileño niega haber cometido delito alguno y asegura que nunca fue el propietario legal del apartamento. Pero el juez Moro argumentó que la intención de darle la vivienda era un delito. Su condena, ratificada tras una apelación, evitó que se postulara nuevamente a la presidencia el año pasado, lo que allanó el camino para el derechista Jair Bolsonaro, quien ganó los comicios y nombró a Moro como ministro de Justicia.
Nuevas acusaciones contra los fiscales
The Intercept afirma que los documentos demuestran que Moro — quien era percibido por la mayoría como un héroe por estar al frente de la pesquisa — ayudó a guiar a los fiscales en su intento por condenar a Lula, cuando debió ser imparcial.
También aseguran que los escritos muestran que los fiscales dudaban sobre la contundencia de la evidencia recabada.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, aseguró que la fiscalía fue “corrompida” y que el exmandatario debería ser excarcelado. Moro y el vicepresidente Hamilton Mourao afirman que las conversaciones fueron sacadas de contexto y defendieron la investigación.
«No hay ninguna orientación ahí en los mensajes (…) lo que hay ahí es una invasión criminal a los celulares de procuradores, lo que para mí es un hecho bastante grave. Invasión y divulgación (de las conversaciones)», dijo Moro según la Agencia Brasil.
«En cuanto al contenido, en lo que respecta a mi persona, no ví nada de malo», agregó.
«No puedo decir que (los mensajes) sean auténticos, porque son cosas que acontecieron, si es que acontecieron, hace años. Ya no tengo esos mensajes, pues no los guardo. No tengo registro de eso», puntualizó el juez, quien sostuvo que «es algo normal» que los juristas «conversen con procuradores, con abogados, con policías».
Con información de Notimex.
