El proyecto de Movilidad estatal que podría presentar el Gobierno del Estado al Congreso este lunes preocupa al sector privado regiomontano porque establece, entre otras cosas, una doble regulación al transporte de carga.
Jesús Francisco López Molina, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), criticó también que este documento no fue consultado con los empresarios, ya que tuvieron acceso al mismo de una manera indirecta.
“El proyecto genera una sobre representación del Gobierno en el nuevo Consejo Consultivo Ciudadano, con más del 70 por ciento de los asientos para este ente, integración inequitativa e injusta que limita la participación de organismos intermedios y ciudadanos”, indicó.
El proyecto establece una doble regulación al transporte de carga, al mandatar que las placas federales deban registrarse ante la autoridad estatal.
“Lo anterior, genera un trámite adicional que se presta a la corrupción y pérdida de recursos por parte de las empresas”, expresó.
Además, afirmó que va en contra de lo declarado recientemente por la Comisión Federal de Competencia (COFECE) en torno a los reglamentos de tránsito homologado en el área metropolitana, los cuales inhiben la competencia de la ciudad y afecta a la sociedad en general.
“Establece una verificación vehicular heterogénea sin claridad en su proceso y costo, entre los distintos tipos de vehículos automotores, dejando fuera a las unidades de transporte público”, criticó también.
López argumentó que el documento carece del proceso de mejora regulatoria, ya que no han sido publicadas las disposiciones y el análisis de impacto regulatorio como lo marcan los artículos 30 y 32 de la Ley para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa de Nuevo León.
“A su vez, tampoco se ha convocado a una consulta pública por parte de su dependencia para recabar los comentarios que permitan dimensionar los costos y beneficios de la propuesta”.
Finalmente, si la intención del gobierno estatal es presentar el documento este lunes 8 de octubre, tampoco se cumple con el plazo de 30 días que marca el proceso del análisis de impacto regulatorio.
“Se requiere abrir los espacios de diálogo donde participemos gobierno, ciudadanos, universidades e iniciativa privada. Este nuevo marco jurídico es de vital importancia para la competitividad de la zona metropolitana, por lo que debe analizarse, discutirse y complementarse entre todos los sectores involucrados”, expresó.
