El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que es deseable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga más ‘dientes’ para ir por las organizaciones criminales que cometen lavado de dinero, lo que a su vez va de la mano con la nueva Ley Antifactureras que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2020 y que le dará facultades a la Procuraduría Fiscal.
“Siempre va a ayudar el que estén las autoridades con mayores herramientas porque al final de cuentas las actividades criminales van migrando, entonces mientras más facultades tenga la autoridad para poder investigar y poder encapsular a estas organizaciones criminales es mucho mejor”, dijo Romero Aranda al finalizar su participación en el Primer Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters.
En este sentido, afirmó que la Ley de Instituciones de Crédito de ser aprobada y va de la mano con la Ley Antifactureras porque mientras la Procuraduría Fiscal va perseguir lo que es defraudación al fisco, la UIF de Santiago Nieto estará persiguiendo todo lo que es lavado de dinero.
Van por outsourcing por prácticas de lavado de dinero y evasión
El procurador señaló que están llevando a cabo investigaciones dentro de los esquemas de outsourcing, ya que han encontrado prácticas de emisión de facturas falsas, defraudación fiscal y lavado de dinero de organizaciones criminales.
“Hemos encontrado outsourcing pero con esquemas que no cumplen con sus obligaciones fiscales y son esquemas de lavado de dinero y defraudación fiscal, y esquemas donde se está lavando dinero de actividades ilícitas, llámese carteles de narcotráfico”, indicó.
Al preguntarle sobre cuáles eran las empresas investigadas o las organizaciones criminales involucradas, el procurador declinó hacer comentarios.
“Debemos guardar el secreto fiscal y el secreto de nuestras investigaciones, por lo tanto no puedo dar a conocer a qué grupos estamos investigando ni cuántos son”, indicó.
