La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio uno de sus pasos más importantes en el camino hacia la autosuficiencia alimentaria tras publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operatividad del programa “Producción para el bienestar”, el cual tiene un presupuesto de 9 mil millones de pesos que buscan incrementar la producción de granos básicos a nivel nacional.
El programa “ tiene asignado un monto de 9 mil millones de pesos con el propósito de contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria, dotando de liquidez y vinculando al acceso a servicios a los pequeños y medianos productores, para colaborar en el aumento de la productividad sustentable de sus predios”, suscribe la publicación en el DOF.
Quienes podrán aplicar a esta iniciativa son los pequeños productores de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, entiéndase los que cuentan con una superficie de hasta 5 hectáreas; y medianos productores, quienes cuente con entre 5 y 20 hectáreas. Al pequeño productor se le otorgarán incentivos de mil 600 pesos por hectárea; y al mediano mil pesos por hectárea.
Para el caso del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) y los productores indígenas, la superficie objeto del incentivo será de hasta tres hectáreas y se les otorgarán apoyos de mil 600 pesos.
De la misma forma, se destinarán recursos a incorporar predios de temporal de productores que cultiven maíz y frijol dando prioridad a los productores Pimaf 2018 y a los productores ubicados en localidades indígenas de alta y muy alta marginación, precisa el documento.
De acuerdo con información de la Sader, se incorporarán 250 mil productores de maíz y frijol de localidades cuya población indígena sea de más de 70 por ciento.
Asimismo, “la Unidad Responsable para la incorporación de predios al programa establecerá esquemas de capacitación y acompañamiento técnico-organizativo dirigido a los productores para facilitarles la adopción de innovaciones tecnológicas, mejorar sus prácticas agrícolas e incrementar sus rendimientos, así como para fortalecer la instrumentación de servicios que ofrece la Sader”, expuso la Sader en un comunicado.
Dentro de los derechos y obligaciones de los beneficiaros están aceptar las asesorías por parte de las unidades responsables; adquirir los bienes o servicios que necesita con el proveedor que él elija; denunciar y/o declarar actos de corrupción y malos manejos del programa; aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso para la entrega del incentivo y posterior a la misma verificaciones, auditorías, inspecciones y solicitudes de información; entre otras.
Por conducto de la Dirección General de Planeación y Evaluación, la Sader llevará a cabo la supervisión del programa en función de verificar las obligaciones a cargo del beneficiario y las instancias participantes.
