Los funcionarios involucrados en casos de corrupción en México deberán de ser sancionados por medio de la muerte civil, fue la propuesta planteada por el Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ante la Cámara Alta.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, contempla reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Legislativas para que se concrete la inhabilitación permanente de servidores públicos que sean señalados por actos de corrupción.
“Queremos darle una probada a los corruptos de lo que es dejar de existir políticamente en México. Los hechos de corrupción que van desde mordidas, permisos de usos de suelo, trámites municipales, hasta casos escándalos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, Estafa Maestra (…) y un mundo de desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito”, dijo.
“No solamente merecen cárcel, merecen además una inhabilitación permanente, esos servidores no pueden servir para servirse de la nación.
“Un ejemplo, Layín que dijo que robó poquito, lo que hoy sale de Rosario Robles, no podemos permitirle volver a tener un cargo público ante los desfiguros y desmanes de corrupción. Mandemos un mensaje claro a los corruptos que con esta Legislatura se les acabará la segunda oportunidad”.
El Senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano indicó que en caso de que la Cámara Alta apoye la iniciativa, al concretarse, con los cambios, los funcionarios involucrados en casos de corrupción ya no podrán participar en elecciones, ocupar un cargo en los tres niveles de gobierno o incluso como proveedores.
La iniciativa denominada muerte civil también contempla que, además de que se dicte prisión a funcionarios involucrados en casos de corrupción, las autoridades puedan recuperar los bienes involucrados.
