Los partidos políticos de oposición pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se pronuncie sobre la “ilegal” reforma a la reforma constitucional en el estado de Baja California, que ordena ampliar de dos a cinco años la gestión de gobierno del candidato ganador de Morena a la gubernatura de la entidad, Jaime Bonilla.
“Vemos con preocupación que al nuevo gobierno morenista del presidente López Obrador no le importa transgredir la Constitución y que no tiene límites en su capacidad corruptora”, acusó al dirigente nacional panista Marko Cortés.
“Debe exponer una posición sobre el tema, porque en el país se están tomando decisiones similares al viejo régimen priista, donde se ponían y quitaban gobernadores con facilidad y ahora hasta de manera retroactiva se extienden los plazos de gobierno a beneficio de los mismos, violentando el equilibrio democrático, los derechos políticos y de la ciudadanía”, afirmó.
El vocero de los diputados federales panistas, Carlos Castaños, agregó también que el presidente debe ser el primer interesado y ser vigilante de que se respete la ley y no se cometan abusos como en la épocas del PRI autoritario que imponía y quitaba gobernadores.
En un comunicado, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) alertó que es preocupante que el presidente de la República no quiera pronunciarse sobre esta ilegalidad.
“Es grave porque ya son varias voces respetables, como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que opinan sobre este atraco que se quiere cometer en Baja California y Andrés Manuel López Obrador debería expresarse por ser el principal interesado en que se respeten las leyes y la Constitución de este país”, enfatizó la dirigencia perredista.
“No olvidemos que el pasado 2 de junio los ciudadanos salieron a votar por un gobernador que permanecería durante dos años con el fin de que la elección local empate con la federa en el 2021, tal y como lo establece el decreto 112 de la Constitución Política del Estado. Esperemos que el gobernador en funciones, Francisco Vega, mantenga su postura de no promulgar dicha ley”, subrayó.
Además expuso que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, se establece que las leyes electorales locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral. El partido señaló además que cuentan con los elementos jurídicos suficientes para impugnar en acción de inconstitucional ante la SCJN, la ilegal e inconstitucional reforma avalada por el Congreso en el Estado.
El dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, comentó enfático que “el presidente sabe y estaba enterado desde siempre de la intención, de su aprobación y de los alcances de la reforma avalada en el Congreso de Baja California, por lo que no puede ser evasivo en el tema”.
