Con la publicación del decreto que reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que el Gobierno federal ya trabaja en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria dijo que también se reformará la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Estas leyes secundarias reglamentarán las reformas hechas por el Congreso de la Unión sobre esta figura.
La Segob publicó este jueves dicho decreto que amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará la extinción de dominio.
El texto señala que dicha figura será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.
Sánchez Cordero señaló que la figura se aplicará a bienes que provengan de hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como de delitos cometidos por servidores públicos.
Además, la secretaria de Gobernación confirmó que se está trabajando en la creación de un instituto encargada de administrar dichos recursos.
A este organismo se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el miércoles explicó que el instituto transparentará el manejo de los bienes
«Vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos, de decomisos, de expropiaciones a organizaciones criminales, de personas que se dediquen a la delincuencia se entregue a la gente, con un mecanismo expedito», dijo.
Sobre el uso de los recursos, Sánchez Cordero señaló tres: la reparación del daño a la víctima, financiar los programas de bienestar del Gobierno y apoyar los programas de seguridad.
La secretaria de Gobernación agregó que también se trabaja en las leyes reglamentarias para la Guardia Nacional: la Ley Orgánica, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, así como en la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esto después de que los 32 Congresos del país aprobaran la reforma constitucional que reglamenta la nueva configuración del cuerpo de seguridad.
