Rechazan ONG´s el uso discrecional de recursos

9

El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria.

Así lo afirmaron 22 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan Coparmex nacional y el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, al señalar que esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Durante su paso por Monterrey, Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, acusó al gobierno federal de “silenciar” a los mandatarios con fondos federales.

Los organismos no gubernamentales señalaron que la Secretaría de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales.

Las ONG´s destacaron que estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno.

“Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados”, señalaron los organismos.

Afirmaron que los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda “son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”.

En una democracia funcional sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido.