CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dar la bienvenida a la Integración de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que al diferir, con sus propias investigaciones, de la llamada “verdad histórica” nunca tuvo una motivación política, sino a su compromiso con las víctimas y la obtención de la verdad.
“La extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole, ya que estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como en la serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”, dijo.
Además, agregó que la Recomendación 15VG/2018 se desarrolló para indagar el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ y la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Ante ello, la “CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”.
Mencionó que la verdad en el Caso Iguala es una y no admite adjetivos que condicionen o determinen su contenido, por lo que ahora la Comisión de la Verdad instalada, debe llegar a conclusiones sustentadas en la evidencia objetiva y verificada de hechos, “no así en opiniones o pareceres, ni sujeta a coyunturas o intereses políticos ni de ninguna otra índole”.
Se recordó que este organismo autónomo no avala la denominada teoría de la “verdad histórica”, pero también sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubiesen hecho en contra de esa u otras teorías, no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento que tuviera relación o estuviera vinculado con las mismas, si encuentran sustento en la adminiculación de pruebas y elementos objetivos de convicción.
Hace unos días, el organismo presentó la Recomendación 15VG/2018 sobre Violaciones Graves de Derechos Humanos en el caso Iguala, se informó que integró 72 expedientes de queja, cuatro derivados de posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 57 por la posible comisión de actos de tortura.
Ahí pidió a diversas autoridades federales y locales analizar los 93 restos óseos encontrados en el vertedero de Cocula y en el Río San Juan, en Iguala, Guerrero, para determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa o a personas diversas.
