Pese a que Nuevo León es una de las entidades que implementó un programa anticorrupción estatal, al parecer éste no les está dando resultados, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el 2017 las víctimas de este ilícito se duplicaron respecto a las reportadas en el 2015.
El organismo señaló que durante el año en cuestión la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos puntos porcentuales, motivado por el incremento de ésta en 20 entidades, y en algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas duplicaron el porcentaje de víctimas de corrupción respecto a la prevalencia observada en 2015.
Así, la variación en puntos porcentuales de la población víctima de algún acto de corrupción por entidad federativa en el 2017 con relación al 2015 fue de 7.4 puntos para Chiapas, 6.3 puntos en Aguascalientes, y 5.8 puntos para Nuevo León y San Luis Potosí.
Durante el 2017, el 13.7 por ciento de la población de Nuevo León de 18 años y más dijo que fue víctima de un acto de corrupción.
Aunque 29 entidades dijeron contar con un Plan de Desarrollo Estatal (PDE), solamente 24 de ellas indicaron que la anticorrupción y el control interno de la administración pública eran ejes rectores, y aunque Nuevo León tiene un plan anticorrupción no lo considera como eje rector de su PDE.
Ayer, la Coalición Anticorrupción exigió a Javier Garza y Garza, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado, que se presenten avances en el trabajo que realiza.
Sergio Anguiano, director de la Canaco Monterrey, dijo que el fiscal fue designado hace más de un año y medio pero no se han registrado aún los resultados esperados en el combate a la corrupción.
“Parece que el sentido general en el estado y en todo México, es que la corrupción permanece impune y aunque se señale por diferentes medios de comunicación, ciudadanos y la misma coalición, y se den a conocer casos y más casos de corrupción, no vemos resultados concretos”, mencionó Anguiano.
Agregó que de acuerdo al Inegi, la corrupción le cuesta al estado mil trescientos millones de pesos, por lo que los impactos económicos y sociales de la corrupción, y la impunidad en los casos de corrupción son un gran problema para la sociedad.
El martes, la Coalición Anticorrupción cuestionó la labor de Jorge Galván, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues dijo que esta entidad ha tenido un papel deficiente y cuestionable.
“La auditoría muestra una sumisión total al congreso, y complicidad con los poderes públicos, según las conveniencias políticas del momento” dijo Daniel Butruille, de Ciudadanos Contra la Corrupción.
Un dato importante que revela el Inegi, es que el 84.1 por ciento de las víctimas de algún acto de corrupción en Nuevo León no lo denuncia, mientras que a nivel nacional es de 82.6 por ciento, lo cual se atribuye principalmente a que las personas consideran que es inútil denunciarlo porque no se le daría seguimiento o que es una pérdida de tiempo.
Derivado de esta situación, Nuevo León pasó de un total de dos mil 351 denuncias en 2014 a solamente 194 en el 2017, con lo que se colocó entre las cinco entidades con menor cantidad de denuncias.
