Con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular este martes el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.
La votación se dio de la siguiente forma: 82 votos a favor y 34 en contra.
Posteriormente los senadores aprobaron las reservas propuestas por Napoleón Gómez Urrutia, Rocio Abreu. Posteriormente se aprobó la propuesta de modificación hecha por Ricardo Monreal.
Los artículos reservados del proyecto de decreto fueron aprobados con 66 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones.
“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está “guácala”, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, soltó la senadora priista Claudia Anaya Mota.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Durante la sesión, el senador Damián Zepeda, del PAN
, señaló que esta reforma no resuelve el problema y que si hubiera existido apertura por parte del Gobierno y mayoría hubiéramos encontrado la manera.
«Lo único que logra esta reforma son dos cosas: prisión preventiva oficiosa y convertir en seguridad nacional este tema que lleva también a prisión preventiva oficiosa», detalló Zepeda.
