Fuente: Félix Vásquez
Revisando la Cuenta Pública 2018 que presentó el Estado de Nuevo León, nos podemos percatar que, a pesar de que se disparó el Déficit Público de manera importante, lo que condujo a un endeudamiento récord, siendo el Estado con mayor contratación de nueva deuda a nivel nacional (por segundo año consecutivo), la inversión en Obra Pública aprobada por el Congreso, por dos mil 961 millones de pesos, solo se devengó en 915 millones, menos de una tercera parte, dejando de ejercer dos mil 46 millones de pesos.
La primera observación que merece este irregular desempeño, es que el endeudamiento que les autoriza el Congreso, tal como lo mandata la Constitución, es únicamente para financiar Inversiones Productivas, por lo que si se dejan de invertir dos mil millones de pesos de Obra Pública, lo conducente es que se Sub-Ejerza también el endeudamiento aprobado por el Congreso, situación que deberá observar en su momento la Auditoría Superior del Estado.
En días pasados, en una conferencia a cargo del Sr. Tesorero del Estado, ante miembros del Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF) capítulo Monterrey, pretendía justificar que Nuevo León sea el Estado con la mayor colocación de deuda en 2018 (y en 2017) señalando que no obstante la deuda ha crecido mucho, (más de 30 por ciento) los ingresos de libre disposición han crecido aún más, por lo que el cociente de Deuda a Ingresos Propios, se ha reducido, y ha pasado de 140 por ciento, a “solo” 117 por ciento.
Flaco favor se hace el Sr. Tesorero al argumentar esto, ya que este dato lo que pone de manifiesto, es que no obstante los Ingresos Propios han crecido de manera importante, el GASTO lo ha hecho a un ritmo muchísimo mayor, razón por la cual el incremento en ingresos es INSUFICIENTE para sufragar el mayor gasto, y se debe acudir al endeudamiento para poder pagarlo.
Y peor aún, la Cuenta Pública revela que buena parte del cacareado incremento en Ingreso propios, NO ES REAL, pues es producto de una manipulación contable, ya que el Gobierno del Estado “Transfiere” al Instituto de Control vehicular (ICV) dos mil 753 millones de pesos (obviamente como Transferencias de Capital) mismo dinero que el Instituto DEVUELVE a la Tesorería bajo el rubro de “Derechos” y consuman así el fraude contable, incrementando indebidamente los Ingresos de “Libre Disposición”, situación que debe ser observada por las instancias correspondientes.
Es de señalar que esta manipulación en los registros contables no es nueva, y que de hecho, la totalidad de la deuda que ha contratado el ICV, ha sido transferida a la Tesorería del Estado, ya sea bajo el rubro de Aprovechamientos o de Derechos, y es fácil constatar que dicho Instituto NO INVIERTE, por lo que NO se le debería autorizar a contratar deuda pública.
El caso de la deuda de la Red Estatal de Autopistas, es parecido, pero como ésta empresa sí invierte en Obra Pública, solo parte de su endeudamiento es transferido al Gobierno del Estado, convirtiendo la “Deuda” en Ingreso propio de libe disposición.
Otro aspecto que es importante señalar, es que el Déficit “Oficial”, es muy inferior al REAL, ya que la Cuenta Pública también pone en evidencia que el Gasto Devengado, NO PAGADO, se elevó muchísimo en 2018, llegando a superar los DOS MIL QUINIENTOS millones de pesos, que en estricto sentido también se deberían contabilizar como DÉFICIT, ya que es gasto en exceso a los ingresos, pero al no requerir de colocar mayor deuda para pagarlo, NO se registra como déficit, toda vez que son los Proveedores quienes lo financian, y no las Instituciones de Crédito.
En 2018, por ejemplo, se presupuestaron dentro de la Ley de Egresos, 969 millones de pesos para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, (ADEFAS) que correspondieron al gasto devengado en 2017, que no fue pagado en ese ejercicio, y su liquidación se trasladó al 2018, por lo que el crecimiento en las ADEFAS de 2.6 veces, alcanza los mil 531 millones de pesos que en realidad se deberían contabilizar como Déficit sin requerimiento financiero.
Obviamente, al ser año electoral el 2018, algunos rubros del gasto se exceden del presupuesto, como el gasto en publicidad que realiza la Secretaría General de Gobierno, el cual se sobregira en más de 30 por ciento, mientras que el rubro de gasto en “artículos deportivos y vestuario” se sobre-ejerce en ochocientos porciento (más de 250 millones de pesos), pero esto puede ser incluso tema de una nota en particular.
El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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