Ricardo Rodríguez Vargas, titular del recién creado Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, descartó que en el uso de los recursos que se obtengan vaya a existir discrecionalidad.
Explicó que el destino de los recursos generados a través de las subastas se decidirá, “una vez aprobada la ley (de Extinción de Dominio), (…) a través de un gabinete social, ¿quiénes integran el gabinete social? Es un órgano colegiado, donde las decisiones se toman de forma colegiada”.
Al respecto, señaló que dicho gabinete se integrará por el presidente de la República, así como los titulares de Hacienda, Bienestar, Educación Pública, el IMSS y el ISSSTE.
En entrevista con Adela Micha, para El Financiero Bloomberg, Rodríguez Vargas sostuvo que el destino de los recursos se puede decidir de forma directa. Señaló que los bienes subastados por el actual Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, que se convertirá en el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado) son asignados por una entidad transferente (ya sea Presidencia o la FGR) que designa el destino de los mismos, lo cual está contemplado por la actual ley del SAE.
Por otro lado, el funcionario fue cuestionado sobre el origen de los bienes con los que actualmente se disponen.
“¿Cuántos de estos bienes fueron robados por funcionarios públicos?”, fue cuestionado por la periodista Adela Micha.
“Entendido por corrupción, muy bajo, bajísimo, entendido por corrupción. Pero es bajísimo porque la ley o el marco jurídico así lo ha permitido. Es decir es bajísimo por corrupción pero no porque no queramos no tengamos, sino por la ley”, dijo.
Señaló que la Auditoría Superior de la Federación ha castigado pocos casos por corrupción y, de ellos, los bienes incautados se han devuelto. “Eso no quiere decir que no nos van a llegar más. Lo que nosotros esperamos que se incrementen con la ley de extinción de dominio”, señaló.
