GUADALAJARA, Jal.- El uso de tráileres para almacenar cuerpos por parte de las autoridades de Jalisco data por lo menos de hace dos años, refirió el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Luis Octavio Cotero Bernal.
El funcionario destituido esta semana señaló que hay más de doscientos cadáveres en los dos tráileres rentados, 157 en el que “peregrinó” por municipios conurbados y el otro, que lleva casi dos años estacionado en terrenos del IJCF, donde se cuenta con 77 cuerpos.
Afirmó además que él no tenía injerencias para sostener contratos con terceros, como para contratar a la empresa Logística Montes, desde hace más de dos años, para disponer de esos cuerpos, bajo argumento de garantizar la integridad de los cadáveres y cumplir con la ley de atención a víctimas.
Además, refirió que la orden de colocar los cadáveres más antiguos sin identificar en la morgue metropolitana fue de los anteriores Fiscales.
Cotero Bernal aseguró que el exfiscal Central Rafael Castellanos fue quien se encargó de los contratos. “Él fue quien contrató originalmente el primer tráiler, él lo rento porque ya los cadáveres no tenían donde conservarse en el instituto; los refrigeradores estaban llenos y de ahí se optó por guardarlos en un tráiler. Lo que era obligado enseguida, era buscar y apurarse a construir las criptas para resguardar los cuerpos, y no cargarle al erario la renta de los tráiler, y el costo del diésel y el mantenimiento del refrigerador”.
Respecto a la salida de los cadáveres de las instalaciones forenses hacia una bodega, se debió a los acuerdos del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, y la fiscal Central, Marisela Gómez Cobos, quienes se habrían encargado del contrato del galerón de la calle Frayles en la colonia la Duraznera de Tlaquepaque.
Cuestionado sobre su destitución, aseguró que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, fue mal informado con versiones dolosas en su contra y tiene como antecedente a sus declaraciones respecto al destino de los estudiantes de cine, quienes habrían sido victimados por integrantes de la delincuencia organizada.
“Creo que fue una decisión clara del gobernador que yo ya no estuviera ahí, no es otra cosa que justifique el hecho de decirme por los medios de comunicación que quedaba removido del cargo; hasta este momento no he recibido ningún documento, ni yo he firmado ninguna renuncia que me haga saber que fui removido del cargo”, dijo.
Además, presentó una queja ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y les solicitó medidas cautelares, y argumentó temor por su integridad y la de sus hijos.
