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Tribunal da ‘revés’ para creación de Comisión de la Verdad del caso Iguala

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente con el que la Procuraduría General de la República (PGR) alegó “imposibilidad real, material y jurídica” para crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.

Con ello, el magistrado federal convalidó que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad cuyo objetivo es realizar una nueva investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017”, notificó este miércoles el magistrado Pérez García.

Advirtió que la imposibilidad jurídica no sólo es para la creación de la Comisión en sí, sino también para facultar a los padres de los normalistas para dirigir la indagatoria, apoyados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales.

El magistrado agregó que esta decisión podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la semana pasada se negó a atraer el caso y dijo que ello ocurriría hasta que se defina el incidente de imposibilidad planteado por la PGR.

La Suprema Corte tomaría el caso si la decisión del magistrado Pérez García es impugnada por alguna de las partes, según se advierte de en el Artículo 203 de la Ley de Amparo, para lo cual hay un plazo de 15 días.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, fueron quienes ordenaron la creación de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala.

Lo anterior al conceder amparos a cinco integrantes de Guerreros Unidos y principales implicados en la desaparición de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, al estimar que fueron víctimas de tortura.

La inconformidad de la PGR y otras dependencias del Gobierno federal es que la PGR no puede ceder sus facultades de investigación a particulares y mucho menos quedar sometida a la decisión de estos en una indagatoria.

Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, “lamentaron profundamente” la decisión de un Tribunal federal que declaró fundada la imposibilidad jurídica planteada por la PGR para crear dicha Comisión.

En un comunicado difundido por organizaciones no gubernamentales que los apoyan, los padres de los desaparecidos estimaron que dicha decisión “lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso” y “atenta contra la verdad y la justicia”.

Acusaron que la decisión del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, es consecuencia de una acción inédita del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los familiares recordaron que la administración de Peña volcó toda la fuerza del Estado no para la búsqueda de los desaparecidos, sino para combatir la innovadora sentencia del Tribunal que ordenó crear la Comisión de la verdad.

Señalaron que el Gobierno federal interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos a través de 10 dependencias de la administración federal e incluso la Cámara de Diputados.

“Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno federal y aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”, señalaron.

Asimismo, destacaron que la decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la Suprema Corte pronunciarse en definitiva sobre la cuestión.

“La Suprema Corte debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, dijeron los padres a través de las organizaciones que los apoyan.

Insistieron en que el acuerdo publicado este miércoles, “muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.