Un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión definitiva al dueño de un predio expropiado para la construcción y operación del Tren Interurbano México-Toluca.
Los magistrados estimaron que el particular afectado tiene la razón al advertir que el gobierno federal lo desapoderó de su predio sin llevar a cabo un proceso de expropiación.
“El otorgamiento busca preservar la no afectación de un bien por un acto autoritario sin justificación legal”, resolvieron por unanimidad los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Explicaron que el efecto de la suspensión concedida es mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta en que se resuelva en definitiva el juicio de amparo promovido por el particular o se aportan pruebas para revertir la decisión.
Es decir, no se podrá continuar con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca sólo en el tramo que comprende el predio en litigio.
La decisión se dio luego de que el director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso un recurso de revisión a la suspensión que un juez otorgó al particular.
El funcionario federal alegó que, al conceder la suspensión al particular, no se ponderó el interés social de continuar con la construcción del citado medio de transporte.
Los magistrados concluyeron que efectivamente el juez de Distrito omitió ponderar dicho aspecto al conceder la medida cautelar, como lo reclama la autoridad responsable.
Sin embargo, determinaron que cuando la construcción de una vía ferroviaria pudiera generar un beneficio a la colectividad, ello es insuficiente para considerar la afectación al interés social si llegase a impedir la ejecución de la obra.
Esto debido a que el quejoso reclama la privación de su propiedad sin que se hubiera seguido un procedimiento de expropiación y la suspensión concedida busca precisamente preservar la no afectación por un acto autoritario.
Destacaron que si la sociedad está interesada en que se ejecuten la obras “no puede considerarse que se afecte el interés social con la concesión de la suspensión definitiva”.
Explicaron que lo anterior es en virtud de que las autoridades responsables no aducen la apremiante e inaplazable necesidad de proceder a la ocupación de un decreto expropiatorio cuya causa de utilidad sea la construcción del tren.
“De ahí que de no concederse, se generaría un daño irreparable o injustificado a un gobernado, en este caso a quien se ostenta como propietaria”, concluyeron.
