Recientemente, Alemania detuvo la formalización de la normativa que iba a prohibir la venta de automóviles con propulsores de combustión en todos los países miembros que conforman la Unión Europea. La postura de los germanos acabó influenciando a Italia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, naciones que también se han posicionado contrarias a la imposición de esta medida. Mientras tanto, Teresa Ribera, la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de nuestro Gobierno, se ha mostrado crítica con los Estados opositores a una ley comunitaria cuyos efectos sobre el panorama económico, medioambiental y social son, cuanto menos, cuestionables.
En una demostración de sentido común y coherencia, los dirigentes políticos de aquellos territorios que han apoyado a Alemania en su decisión han defendido firmemente su actitud alegando que 2035 es demasiado pronto para obligar a sus ciudadanos a adquirir vehículos con tecnologías que, aunque esperanzadoras, son tan incipientes como caras. Tampoco disponen de tiempo ni recursos suficientes como para generar las necesarias infraestructuras que requiere la llamada “transición hacia la movilidad sostenible”. Sin embargo, España, que sigue en el vagón de cola de Europa en materia de electrificación e instalación de puntos de carga para esta clase de coches, parece continuar a favor de que se implante una norma común que muy difícilmente podrá cumplir o atender sin sacrificar el desarrollo de su economía doméstica.
A veces, resulta sorprendente hasta dónde puede llegar el sectarismo ideológico, incluso cuando se trata del futuro económico de una de las regiones más importantes del Viejo Continente, allá donde el peso de la industria automovilística sobre el Producto Interior Bruto supone cerca del 10%. Alemania y la alianza de países a los que lidera con su visión conservadora no ha hecho más que arrojar algo de luz sobre un sector herido de muerte por la ralentización de las ventas, la incertidumbre tecnológica, los problemas con el abastecimiento de algunos componentes y la ofensiva asiática, que ya ofrece vehículos eléctricos de calidad a un precio más competitivo. Por el momento, la votación final para aprobar la prohibición se ha aplazado indefinidamente.
Pese a los ataques infundados de Ribera, quien curiosamente “apartó” a Reyes Maroto (ahora candidata a la alcaldía de Madrid) del Ejecutivo cuando esta mujer era un miembro que sí defendía a la industria del motor española, la coalición de las naciones en contra de la regulación en cuestión sólo señala la radicalidad de la misma. En ningún caso pretenden llevar a cabo un bloqueo de la situación, sino presentar otra manera de hacer las cosas, sin medidas precipitadas y apostando por un enfoque abierto a diferentes soluciones. Cuando hay tanto dinero, tanto bienestar social y tantos intereses en juego (hablamos de aproximadamente 450 millones de habitantes y decenas de miles de empresas), los planteamientos agresivos no deben de aceptarse bajo ningún concepto.
En este aspecto, Alemania ha sido muy clara: antes de firmar nada, pide garantías para que, dentro de una docena de años, los coches con motores térmicos puedan seguir circulando legalmente en Europa mediante carburantes sintéticos o biocombustibles con emisiones neutras de carbono, algo en lo que compañías teutonas como el Grupo Volkswagen ya han invertido y en lo cual llevan trabajando desde hace más de un lustro. También hay propuestas sobre la mesa relacionadas con el hidrógeno y sus posibilidades, especialmente en cuanto al transporte pesado, si bien esta también es una alternativa que se halla en una fase muy primitiva.
Ribera, quien ha tildado de decepcionante la decisión de los alemanes y ha afirmado que “pueden tener una dificultad política interna, pero no pueden exportarla a toda la Unión Europea” ya que “las reglas son para todos”, deja entrever que no es consciente de cómo funciona esta entidad geopolítica, donde se intenta realizar regulaciones justas que puedan acometer todos los miembros al mismo tiempo. También evidencia su desconocimiento sobre el atraso que lleva España en la transición hacia la movilidad que desea, así como su ignorancia sobre el desarrollo del «e-fuel» o sobre la gravedad real de un problema medioambiental global del que Europa tiene una capacidad ínfima para resolver. Otros, más sensatos y menos condescendientes con las exigencias populistas, prefieren proteger, mientras les sea posible, la prosperidad y el empleo nacional.
Fuente – Elaboración propia
