El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto para reformar el sistema de compensación por copia privada para adaptarlo a la normativa europea.
Recordemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el canon digital de 2006 en 2010 y el de 2011 en 2016. Este último realizaba los cargos en los Presupuestos Generales del Estado sin ofrecer un mecanismo que permitiera a las personas jurídicas solicitar la exención del pago o su reembolso.
Este nuevo modelo traslada de nuevo las compensaciones a los autores por copias privadas a los fabricantes y distribuidores de todo dispositivo con la capacidad de realizar cualquier tipo de copia de alguna obra. Se vuelve, de nuevo, a un sistema parecido al implantado por el gobierno de Zapatero en pleno auge de la descarga de música y película con la expansión de la banda ancha en España.
El Ministerio de Cultura da como ejemplo un teléfono móvil por el que el fabricante tendrá que abonar 1,10 euros o un «dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet» por el que se abonarán 3,15 euros. Es difícil comprender la diferencia artificial entre los dos dispositivos que se estipula, aunque no se ha ofrecido explicación.
Ese cobro por defecto podría ser problemático, ya que en 2011 se dictó que el canon no se debía aplicar a soportes destinados a la actividad empresarial. Ahora se ofrece la opción de demostrar su uso, pero se cobra siempre.
Casi todos los países de la Unión Europea aplican un tipo de «canon digital» a todos los dispositivos y soportes aptos para realizar copias de uso privado. Según el Ministerio de Cultura, las tasas de las medidas aprobadas hoy son significativamente más bajas que las aplicadas por los países vecinos.
Aunque desde el ministerio se recalque que es el fabricante quien se hará cargo, hay precedentes para pensar que el nuevo canon repercutirá en el precio de venta recomendado de los discos duros, DVD vírgenes etc. que se vendan al consumidor final. En el caso de venta de empresa a empresa, existe la posibilidad de rebatir el cargo siempre y cuando las personas físicas y jurídicas justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes. Las entidades del sector público también quedan exentas del pago. Este punto fue clave en la anulación del canon del gobierno de Zapatero.
