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La Unión Europea ha ido a la guerra contra los agricultores por el uso de pesticidas. Y la ha perdido

En un cajón. Ese ha sido el resultado del primer gran pulso que el campo europeo le ha echado a Ursula von der Leyen: con la propuesta estrella de la Comisión de reducir en un 50% los pesticidas metida en un cajón.

A pocos meses de las elecciones europeas y con medio continente paralizado por las protestas, la Comisión intenta aplacar a «la bestia». No obstante, si tratamos de entender qué ha pasado, veremos que no lo va a tener fácil.

Tenemos que hablar de los pesticidas. Debía ser junio de 2022, cuando Stefan de Keersmaecker, portavoz de la comisión, presentó las líneas maestras de una iniciativa legislativa que vendría a resolver los problemas que tenía la normativa vigente en materia de pesticidas.

A juicio de la Comisión, las normas actuales eran demasiado débiles y se habían aplicado de forma muy desigual. Y cada día que pasaba éramos más conscientes del problema que entrañaba eso. Sobre todo, si tenemos en cuenta que existe «una evidencia científica muy clara de que se necesita reducir el riesgo de usar pesticidas».

Por eso, aunque los Estados Miembros se encargarían de modular sus objetivos nacionales, la Comisión propuso una reducción general del 50% en el uso de los plaguicidas químicos antes de 2030. De hecho, en zonas sensibles (como las de Natura 2000, pero también parques urbanos, jardines de colegios o centros deportivos) la prohibición sería total.

Un visitante inesperado: la guerra. Hay que reconocer que el anuncio no llegaba en el mejor momento. Meses antes, el 24 de febrero de 2022, Rusia había invadido Ucrania y las consecuencias de la guerra se hicieron notar rápidamente en todo en mundo. Especialmente, en el mundo agrícola europeo que veía como los costes de producción (energía, riego, fertilizantes, mano de obra…) se disparaban y entre los consumidores que veían cómo la situación internacional tensionaba y los precios no dejaban de subir.

Para diciembre de 2022, los países ya estaban con la mosca detrás de la oreja. Se solicitó un análisis del impacto que todo esto podía tener en el campo y, aunque la evaluación parecía descartar ningún riesgo para la seguridad alimentaria del continente, no pareció convencer a mucha gente. En noviembre de 2023, el Parlamento votó en contra de la iniciativa.

Vía muerta. Ese mismo 22 de noviembre, la eurodiputada verde Sarah Wiener, la ponente del proyecto, reconoció que éste estaba «muerto» y que era «muy improbable» que saliera adelante antes de las elecciones de 2024.  Y pocos días después, tras una reunión de los ministros de agricultura de la Unión, voces como las del alemán Cem Özdemir enterraban más la propuesta al mostrar su oposición a la estrategia de Bruselas.

¿Entonces? ¿Qué significa realmente el movimiento? Poco y mucho a la vez. Es cierto que von der Leyen está sacrificando una iniciativa legislativa que ya estaba amortizada, pero también es verdad que en condiciones normales no lo hubiera hecho. De hecho, con respecto a las emisiones acaban de redoblar la apuesta.

Lo importante viene ahora: al fin y al cabo, es un gesto de buena voluntad ante uno de los grupos de presión más poderosos de Bruselas (la PAC supuso en 2021 el 33,1% del presupuesto de la Unión y el sector lo sabe de primera mano).

Hablamos del inevitable choque de un mundo en pie de guerra (que ya ha dado más de un susto al establishment) y un programa de transición ecológica que, en el mejor de los casos, conllevará una brutal reconversión industrial «verde» con todos los problemas que estas han conllevado históricamente.

El gran problema de los políticos europeos. A final de cuentas, von der Leyen y su partido se encuentran (una vez más) ante lo que podríamos llamar la máxima de Juncker, la que dice que «los líderes europeos sabemos perfectamente lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de hacerlo». Lamentablemente, visto lo visto, parece que esto va seguir así más tiempo del deseado.

Imagen | Onnola

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