La comisión del Pacto de Toledo tiene cerrado, tras dos años de negociaciones constantes entre los grupos, un borrador de acuerdo, que podría votarse hoy para que pudiera llegar al pleno del Congreso la próxima semana.
Y es que la inminente disolución de las Cortes ha caído como una bomba sobre la comisión, que se ha apresurado a cerrar los últimos flecos del documento que determinará el futuro de las pensiones en España, antes de que la actividad legislativa quede paralizada por varios meses.
Sus señorías legislarán sobre la cotización de los robots
Pero la noticia no está tanto en el acuerdo en sí como en el contenido del documento acordado, pues éste incluye una novedosa referencia al papel de la robotización sobre la financiación de las pensiones.
Concretamente,la comisión del Pacto de Toledo recomienda plantear nuevas vías de financiación para la Seguridad Social si los robots terminan lastrando el crecimiento del empleo y el peso de los salarios en el PIB:
«Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social».
En resumen: nuestros parlamentarios quieren abrir la puerta a un ‘impuesto a los robots’ como vía para «reforzar la estructura financiera del sistema [de pensiones] a través de la diversificación de sus fuentes de ingresos«.
Éste es un debate que venía de largo: ya en el primer año de la legislatura, en uno de sus primeros actos como líder de la UGT, Pepe Álvarez planteó la necesidad de que los robots ‘cotizasen a la Seguridad Social’ para compensar la pérdida de empleos que ya empezaban a provocar.
Pero esta opción no parecía convencer a su homólogo en CCOO, Unai Sordo, que el año pasado expresaba su desacuerdo en estos términos:
«Pensamos que si la robotización se implanta en las empresas es para mejorar la productividad, y que lo que hay que gravar es el beneficio empresarial con un funcionamiento mucho más activo del impuesto de sociedades».
De hecho, esa disparidad de criterios parece haberse reproducido también entre los diputados del Congreso, que han dejado abierta la puerta también a esa segunda posibilidad.
Bill Gates y el Parlamento Europeo ya pusieron el tema sobre la mesa
Por supuesto, no sólo España está teniendo un debate en torno a la tributación de los robots. Ya en 2017 Bill Gates llevó el tema a las portadas de todo el mundo: «Si un robot reemplaza el trabajo de un humano, este robot debe pagar impuestos como un humano».
El razonamiento detrás de las palabras de Gates era que las empresas que están optando por robots seguirán aumentando sus ingresos al reducir costes y aumentar la producción, por lo que cada robot debe ser gravado a un nivel similar al de un trabajador humano.
Prácticamente en las mismas fechas, un informe del Parlamento Europeo proponía considerar a los robots como personas a efectos legales, con el fin de que tributasen y pudieran así contribuir a poner en marcha un sistema de renta básica ciudadana en toda la Unión.
Bien es cierto que, finalmente, dicho informe quedó en nada después de que el trámite parlamentario lo enmendase para recoger únicamente referencias genéricas sobre la necesidad de legislar sobre el uso de robots.
Vía | El Diario & El Confidencial
