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«Me gusta la fruta»: por qué cada vez más diputados quieren incluir sanciones por insultar en el Congreso

El Congreso es ese órgano constitucional que representa al pueblo español, el lugar donde reside la soberanía nacional y donde las palabras y las ideas deben reinar. Sin embargo, históricamente, en la cámara se han producido sorprendentes subidas de tono que van desde peleas físicas durante la II República hasta diputados arrancando páginas de la Constitución. Con los años, el debate en el hemiciclo se ha vuelto más brusco y descortés, con más insultos de por medio que antes. Motivo por el cuál muchos parlamentarios piden reformar el reglamento para introducir más sanciones a quienes pierden el respeto en la cámara.

Precisamente ayer, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonizó una polémica similar durante la reciente sesión de investidura de Pedro Sánchez y la posterior sesión de control en la Asamblea de Madrid por proferir un insulto.

Sucedía mientras Pedro Sánchez intervenía en su turno de respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El candidato recriminaba al popular la expulsión de Pablo Casado de la Presidencia del PP justo después de que este intentara investigar un caso de corrupción que afectaba al hermano de la presidenta Ayuso, por llevarse comisiones de contratos con la administración durante la pandemia.

En ese momento, las cámaras enfocaron a la tribuna de espectadores donde se encontraba la presidenta madrileña, a la que se le ve pronunciar una frase que ha quedado grabada: «Qué hijo de puta».

Las imágenes se difundieron rápidamente a través las redes sociales, causando una reacción en cadena de las principales fuerzas polítiacs, sobre todo por el cambio repentino de la posición del Partido Popular con respectos a esa frase. Al principio, tal y como publicaba el periódico El País, el equipo de Ayuso dijo que lo que había pronunciado la presidenta era, en realidad, «me gusta la fruta». Y más tarde, algunos dirigentes de la formación azul difundieron tuits con ese hashtag, #MeGustaLaFruta. También lo escribió la cuenta oficial del PP de Madrid.

Pero una hora después, el gabinete de Ayuso reconocía que sí le había dicho «hijo de puta» a Sánchez: «La acusación de corrupción del señor Sánchez a la presidenta Díaz Ayuso es una ignominia y una cobardía. La respuesta de la presidenta a una acusación de corrupción sin pruebas es lo mínimo que se merece», afirmaba una fuente gubernamental a ese diario.

Aunque el Partido Popular no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, Ayuso, en el pleno de la Asamblea de Madrid, ha vuelto a decir en tono irónico y jocoso que dijo para sus «adentros»: «me gusta la fruta», algo que ya se ha convertido en todo un lema para los populares. «El presidente del Gobierno aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico. Para difamarme a mi y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo, para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta», explicó.

Y en su intento por quitarle hierro al asunto recordó otros momentos en el hemiciclo parecidos: «La señora (Mónica) García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo «me mola». El señor (Javier) Padilla hace poco dijo facha, y yo entendí, qué pacha. Yo entendí eso».

El debate de modificar el reglamento

Los insultos y las descalificaciones que se viven en la cámara y la preocupación a que se normalicen todavía más lleva varios años debatiéndose entre las formaciones políticas. Algunos parlamentarios han criticado las deficiencias del reglamento en este aspecto y coinciden en que la tensión en la cámara imposibilita el debate sereno y calmado en el hemiciclo.

El residente del grupo confederal de Unidas Podemos y de los comunes en el Congreso de Diputados, Jaume Asens, solicitaba hace años una reforma del código ético para introducir sanciones como «amonestación publica, multas o incluso suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria», aplicables a aquellos que «insultan y humillan».

El reglamento de la Cámara establece los deberes de los diputados, así como las funciones de la Presidencia del Congreso «para mantener el orden y el decoro en los debates», pero deja abierta la aplicación de sanciones, que en todo caso llegan a la expulsión del hemiciclo o a la prohibición de asistir a uno o dos plenos. Además, esa suspensión sólo se contempla cuando el parlamentario deja de asistir a los plenos reiteradamente, quebranta el secreto de Estado o porta armas, entre otras cosas.

Es el  artículo 103 del reglamento el que habla de los insultos, injurias o difamaciones. «Los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad». Hay que recordar que en este caso en concreto, la presidenta Ayuso se encontraba como espectadora en la tribuna, y no participando en el debate.

Además, artículo 32 del reglamento establece que estas acciones quedan a la discreción de la Presidencia de la Cámara, quien debe asegurar la buena marcha de los trabajos, dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. «Corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión», señala la norma.

En otros países, los reglamentos de los parlamentos tampoco tienen disposiciones específicas para los «desacatos», esas palabras o acciones que se consideran irrespetuosas, insultantes, difamatorias o simplemente la falta de respecto hacia un superior. En el pasado, el Parlamento, y la Cámara de los Comunes en Reino Unido, consideraban desacatos diversas afrentas a su dignidad, como insultos dirigidos a la Cámara o a sus miembros, pero ya no.

También el Parlamento francés acordó hace años modificar una ley establecida en 1881 para que proferir insultos contra el presidente de Francia ya no suponga una multa automática, que antes alcanzaba los 45.000 euros por «ofender al jefe de Estado». Recientemente la Asamblea Nacional de Francia sí impuso al diputado ultraderechista Grégoire de Fournas, de Agrupación Nacional, el castigo más duro que puede aplicar al ocupante de un escaño al expulsarle del hemiciclo durante 15 días y suspenderle temporalmente de sueldo por proferir un insulto racista contra el diputado negro de La Francia Insumisa Carlos Martens Bilongo.

Imagen: José Ignacio Viseras (GTRES)

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