Si alguien quiere ser principal ha de ser ejemplar. Es una regla no escrita que nos remite al clásico «Nobleza obliga». Principios de conducta que no brillaron precisamente en el caso de Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, sexta en la línea de sucesión a la Corona de España.
Al margen de su diferente valoración judicial (ella absuelta, él condenado a seis años y tres meses de prisión), a la espera de los consabidos recursos, ya hace tiempo que el matrimonio y sus hijos empezaron a penar. No en los términos prescritos en la sentencia del caso Nóos (pieza separada número 26 del caso Palma Arena), sino en soledades, horas de sueño, desgarros familiares, sufrimiento personal, estigmatización pública, pena de telediario, etc, etc.
De eso no redime a la infanta la sentencia que el viernes la dejó libre de cargos con todos los pronunciamientos favorables. Queda en paz con la justicia. Pero ya ha pagado con creces esa victoria técnica. Y me temo que seguirá pagando por haber olvidado que la ejemplaridad es la servidumbre de la púrpura. Si su marido y ella lo hubieran tenido en cuenta, tal vez nos habríamos ahorrado ciertas teorías conspirativas, como que había una conjura contra la Corona. O que la infanta estaba siendo tratada desigualmente, pero en su perjuicio y no en su beneficio.
No es una rareza que la infanta tuviera que responder por un delito fiscal en grado de colaboración. A ella le debió parecer un agravio tener que pagar la pena de telediario y sentarse en un banquillo, si nos atenemos a sus excursiones por los cerros de Ubeda cuando tuvo que comparecer, primero ante el juez Castro y luego ante el tribunal juzgador.
La infanta evasiva («no sé», «no me consta», «no me acuerdo») queda en mala situación para defender su inocencia después de su absolución técnica. Tiene difícil hacerlo en nombre de la ejemplaridad y la transparencia pregonadas por su hermano, el rey de España, Felipe VI.
A la espera de los recursos que puedan presentar las partes, dos sombras planean aún sobre el escándalo. Una era la duda de si se habrá respetado el principio de igualdad ante la ley. Y otra, si el proceso indagatorio se habrá ocupado de rastrear el grado de consentimiento de la Casa Real por la utilización del carisma de la Corona en practicas delictivas.
En mi opinión, la primera de las dudas se ha desvanecido. Especialmente desde que el tribunal se negó a aplicar la llamada doctrina Botín (absolución inmediata por falta de acusación del fiscal). No está tan claro que se haya despejado la segunda de las dudas. Me refiero al grado de complicidad que pudo haber en la Casa Real en relación con el desvío de dinero público hacia bolsillos privados por trabajos de dudosa utilidad. Nunca lo sabremos a ciencia cierta.
