El conseller Baiget marca el camino

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Jesús Royo
Jesús Royo

El exconseller Baiget dio la campanada: “estaría dispuesto hasta a ir a la cárcel por el procés, pero no a poner en peligro mi patrimonio”. Claro, es la obra de toda una vida. Muy catalán, si se me permite el tópico y el estereotipo. Se solía decir que los catalanes somos muy aficionados a las algaradas, aldarulls, a quemar conventos y esas cosas, pero que las revoluciones que armamos son más que nada estéticas, como se burlaba Unamuno. La razón –malvada, por supuesto- es que nos gusta dormir cada noche en casa. Dicho de otra manera, que el precio a pagar podría llega a ser de unos días en la cárcel –eso hace currículum- pero no la pérdida del patrimonio, faltaría más.

Pues eso, el procés se disolverá como un azucarillo, como un bolado de los de antes: solo hay que cuantificar el sacrificio que va a suponer a los que estén implicados en él. Publiquen una lista con las penas y multas aplicables al referéndum ilegal, y verán que no va ni dios. Echarán la culpa al Estado opresor, brutal, amenazante, pero disimuladamente se llamarán andana, y l’últim bulla (maricón el último).

Quien vaya a votar estará colaborando con la comisión de un delito

Porque está claro que el referéndum del 1-O es ilegal. Luego si se celebra es un delito. Y por lo que pinta, delito de sedición, que no es moco de pavo. Y digo yo que, sabiendo que es un delito, hasta los votantes serían cómplices. ¿Una multa al votante? Sí, claro, pero no sería por manifestarse, ni por sostener una opinión, ambas cosas derechos legítimos amparados por la Carta Magna. El que vaya a votar estará colaborando, en cierto grado, con la comisión de un delito. Supongamos, no soy ducho en esto, que al votante le corresponde una multa de mil euros. La escala seguiría, decimalmente: a los voluntarios diez mil, a los presidentes de mesa cien mil, a los organizadores un millón, y así hasta los responsables últimos, a los que puede caer hasta 25 años de prisión. Pues bien, la sola publicación de la lista de sanciones obraría el milagro de disolver la convocatoria. Siempre, claro está, que la cosa vaya en serio, que se cuente con los medios (policía) para extender las multas y la voluntad de ejecutarlas, como corresponde a un estado serio y solvente.

Ahí está la madre del cordero. A veces da la impresión de que organizar un referéndum de autodeterminación pasándose por el arco de triunfo nada menos que la Constitución  resulta que es un acto democrático, honorable, incluso meritorio. Que el derecho de los catalanes a votar y a irse unilateralmente existe, lo único que falla es el pequeño detalle de que hay que hacerlo bien, bajo un acuerdo negociado con el Estado o con el Gobierno. Ese parece ser el criterio de algunas izquierdas, incluida parte del PSOE. Y no es así. El gobierno que pactara ese referéndum lo haría contra la Constitución, y por tanto sería igualmente delictivo. Este no es el caso de Escocia, donde bastó un acuerdo del Parlamento de Westminster para “transferir” esa decisión al Parlamento escocés. Aquí hay una Constitución escrita que nos obliga –luego nos protege- a todos, y para admitir la secesión habría que cambiarla previamente. Lo cual quizá suceda algún día, y entonces nada habrá que reprochar. Pero mientras tanto, la Constitución está vigente, y saltársela, como cualquier otra ley, comporta la pena correspondiente.

Quien no quiera multa, que aparque bien

Que se califiquen los actos. Que se determine la cuantía de las penas. Que se proceda ejecutivamente en unos cuantos casos fehacientes. Habrá protestas, acusarán al Estado de amenazar, de pisotear derechos, de encarcelar a pueblos, pero ni caso: como el guardia que pone multas, impasible. Es lógico que le escueza al infractor, sobre todo en la zona del bolsillo. Pero quien no quiera multa, que aparque bien.

Por Jesús Royo