‘Cada mesa, una trinchera’, por Joaquín Romero

En la época de la transición hizo fortuna entre los periodistas de Barcelona la expresión “cada mesa, una trinchera”, original de Josep Maria Huertas Clavería, quien años después tradujo la idea en Cada mesa, un Vietnam, que fue el título de sus memorias.

Durante la última etapa de la dictadura, los profesionales de la vieja escuela que habían crecido en el franquismo, y que eran los jefes del momento, convivían en las redacciones con las jóvenes generaciones de ideas políticas nuevas, mayoritariamente de izquierdas. En los diarios de Barcelona no era fácil encontrar periodistas que simpatizaran con fuerzas políticas a la derecha del PSUC.

En ese panorama, era normal –o al menos a ellos se lo parecía– que los periodistas mantuvieran una actitud de oposición no solo frente al régimen, sino frente a sus propias empresas y al director, que estaba obligado a acatar las instrucciones del editor, y que por tanto se convertía en una especie de enemigo al que había que colar todo lo que se pudiera a favor de la democracia y de las libertades políticas.

Un hilo romántico de esa conciencia se ha mantenido vivo en los medios públicos catalanes, aunque no lo ha hecho en defensa de las libertades, en general, sino de una opción política identitaria respaldada en las urnas por un 48% de los votos; o sea, por menos de la mitad de los ciudadanos, y de una forma reiterada en el tiempo.

Si tiene algún sentido mantener medios de comunicación públicos en un Estado democrático es la garantía de que representan los intereses de la mayoría frente a los medios privados

En estos momentos, esas redacciones no se enfrentan a sus empresas ni a sus directores, sino que coinciden con ellos al 100%. Por eso reaccionan ante los dictámenes de la Junta Electoral Central en esta campaña tan anormal que vivimos como si esos fallos fueran una afrenta a su profesionalidad. Pero, ojo, TV3 y Catalunya Ràdio no pertenecen a sus redactores, sino a los ciudadanos de Cataluña. Si tiene algún sentido mantener medios de comunicación públicos en un Estado democrático maduro es precisamente la garantía de que representan los intereses de la mayoría frente a los medios privados, que siempre están influidos por los negocios y la ideología de sus propietarios.

Los periodistas de la CCMA deberían ser conscientes de que, si la aplicación del artículo 155 todavía no les ha alcanzado, no es por falta de motivos, sino porque el Gobierno sabe que con dos meses no habría tiempo suficiente para meter en vereda un organismo elefantiásico que está en manos de la asamblea. Puede que a sus máximos responsables –en realidad, cargos políticos– les importe poco el futuro, pero a los profesionales debería preocuparles.

Dicho sea todo esto al margen de lo que ocurre en RTVE, donde el PP decidió montar su cortijo arruinando el trabajo y el esfuerzo que se hizo hasta conseguir la Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 2006. Y, por supuesto, al margen de las formas de políticos como Xavier García Albiol, especializados en sembrar el desprecio y el rencor en cada una de sus intervenciones públicas.

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