Teóricamente, el referéndum es dentro de un mes. Un mes. Treinta días.
No tres, ni cinco, ni siete: un mes para desplegar un operativo tan complejo como el que precisa la organización de un refrendo destinado a conseguir un país independiente dentro de la Unión Europea y tal y tal.
¿Y en un mes serán capaces de organizar un cacao semejante?
Nunca he puesto en duda la capacidad operativa de los catalanes, pero se me antoja que son precisas varias condiciones que, por el momento, no se cumplen. Primero, un censo. Después unas urnas.
Más tarde unos comités de garantías, luego una convocatoria oficial, más allá una empresa encargada del recuento, y, por encima de todo, las consabidas bendiciones oficiales.
Pues salvo que sorprendan con alguna genialidad insospechada, aún no hay dispuesto nada de todo ello.
El Tribunal Constitucional, ese enemigo declarado de toda catalanidad, ha suspendido, una tras otra, modificaciones del reglamento del Parlament y partidas presupuestarias destinadas a actuaciones preparatorias del referendum ilegal.
La presidenta Forcadell está imputada y sobre el consejero de Gobernación pende una querella por el intento de compra de urnas.
El Tribunal de Cuentas tiene abierto un procedimiento para recuperar fondos públicos que emplearon los Más y compañía.
El Gobierno obliga a verter información semanal del destino de cada euro de los fondos del FLA y recuerda a todos los Ayuntamientos que es ilegal compartir cualquier dato censal o ceder locales para la comisión de una ilegalidad.
Más: para convocar un referéndum, hace falta promulgar una ley que lo sustente, y la misma aún no ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, indudablemente con el fin de no ser corneada por el Constitucional a los pocos minutos. En realidad, en Cataluña no firma un papel ni dios.
El miércoles, este fenómeno de la política contemporánea llamado Turull, sugería que podía brotar la ley mediante el sistema de Decreto: no importa, el TC también puede suspender un Decreto.
Volviendo a lo del censo: es sabido que a este tipo de pachangas van a votar los convencidos y partidarios de quien lo convoca, con lo que no se esperan resultados ajustados; pero hace falta, al menos para saber quién se acerca a la urna, un listado de los catalanes con derecho a serlo ante una urna secesionista: si un consistorio cede un censo vulnera los derechos de las personas, como dijimos, y los listos de los alcaldes se exponen a sanciones nada agradables.
Volviendo a las urnas: la Generalidad declaró desierto el concurso para adquirir urnas ya que ninguna empresa se arriesgaba a participar en una iniciativa ilegal, con lo que deberían contar con las depositadas en algunos municipios para los diferentes procesos electorales; quien así lo haga se expone a no pocas acciones punitivas. Otrosí de los locales y el presupuesto necesario.
A estas alturas, los votantes ya deberían tener claro la pregunta, las respuestas, el lugar de su voto, las garantías de limpieza…
Y lo único que saben es que el Alto Tribunal suspendió cualquier partida presupuestaria destinada a pedir el voto en semejante chapuza.
Ya no hablemos de los funcionarios: más allá de que alguno tenga la tentación de colaborar en la liberación de pacotilla de su pequeño país, todo servidor público sabe que su obligación es cumplir la legalidad.
Si a eso se añade que a Puigdemont no le recibe ni La Sirenita de Copenhague y que nadie en el mundo quiere saber nada de esta charlotada, habrá que colegir que mucho tendrán que inventar la autoridades (es un decir) de Cataluña para organizar con éxito un referéndum dentro de un mes.
Porque, carnes mías, es que solo queda un mes, lo que vienen siendo treinta días. Menudo vértigo. Menudas prisas. Pa habernos matao.
NOTA.– El artículo original de Carlos Herrera aparece en la edición de ‘ABC’ de este 2 de septiembre de 2017
