«Sería una grave irresponsabilidad alimentar una confrontación social con la finalidad de interferir en el clima necesario que tiene que acompañar todo momento de diálogo (…) Las profundas diferencias que tenemos con el Estado no estarán nunca por encima de la voluntad de favorecer la convivencia pacífica en nuestro país.» Imposible no suscribir las palabras de Carles Puigdemont, que el miércoles, desde su retiro belga, llamó a detener la escalada de la tensión a cuenta de los lazos amarillos. Amén.
Tampoco le falta razón al ‘expresident’ cuando reprocha a Ciudadanos y Partido Popular que aticen la brasas de la discordia en Catalunya. Albert Rivera y los suyos, estimulando e involucrándose personalmente en la retirada de las cintas que simbolizan la repulsa al encarcelamiento de políticos independentistas. Y el líder popular, Pablo Casado, al tachar de «xenófobas» las manifestaciones de la Diada. No todo vale para rascar unos votos. Tampoco para desgastar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pero, si de verdad quieren frenar la escalada de la tensión, Puigdemont y sus seguidores también deberían hacer examen de conciencia. La solidaridad política con los presos no requiere la continua ocupación de espacios públicos, a sabiendas de que esta incomoda a una parte no irrelevante de la sociedad (Cs ganó las elecciones del 21-D) y amenaza con disparar las hostilidades en la calle. Restaurar la convivencia, o evitar que se resquebraje aún más, es responsabilidad de todos.
EL PRECEDENTE DEL 17-A
En el aniversario de los atentados del 17-A, felizmente se logró anteponer el homenaje a las víctimas de la refriega identitaria, a diferencia de un año antes. Sería de desear que las conmemoraciones del 1-O que se avecinan mantuvieran la misma tónica.
Seguro que hay nostálgicos, en ambos costados, de las crispadas jornadas de octubre. Algunos desearían otra sacudida que precipitase el advenimiento de la república. Otros tal vez compartan ese anhelo, pero con propósitos antagónicos. Los demás, la mayoría, debemos conjurarnos para evitarlo. Ni Catalunya se lo merece ni ayudaría a los políticos encarcelados.
