El conflicto del taxi tiene demasiadas aristas para abordarlas en tan breve espacio. Sin entrar en los debates sobre la competencia, la disrupción digital o los métodos más o menos legítimos que emplea cada sector para defender sus derechos, hay un argumento común para desacreditar a los taxistas que sería conveniente analizar: la acusación de que especulan con sus licencias.
La licencia de taxi en la Barcelona metropolitana carece de un precio oficial porque las últimas se concedieron en los 70. La tasa costaba unas pocas pesetas. Hoy su valor de mercado ronda los 130.000 euros, y han llegado a venderse por 200.000. ¿El motivo? Al no otorgarse nuevas habilitaciones, la demanda supera la oferta y el valor se dispara. Es cierto que la presión de un gremio con gran poder coercitivo ha disuadido a las autoridades de ampliar la flota, lo que ha engordado un mercado secundario. Pero tal responsabilidad no puede recaer sobre el lobi, sino sobre la administración.
A raíz de la huelga contra las plataformas sustentadas en las VTC se ha acusado a los taxistas, entre otras cosas, de proteger su supuesto monopolio y de especular con las licencias. En efecto, no quieren que sus autorizaciones se devalúen porque la inmensa mayoría son autónomos, pagaron mucho dinero por ellas y confían en revenderlas cuando se jubilen para completar sus paupérrimas pensiones.
Desde la ignorancia se pone el grito en el cielo por la mera existencia de esa compraventa de licencias, al fin y al cabo una concesión administrativa de servicio público. Pero se omite que es una práctica no solo legal, sino muy extendida.
LICENCIAS EN BOLSA
A menudo olvidamos que existen un sinfín de negocios basados en la concesión pública. Por ejemplo, la televisión y la radio privadas, adjudicatarias del espacio radioléctrico que se lucran con sus licencias, las venden e incluso cotizan en bolsa. Por no hablar del grupo mediático al que la Generalitat otorgó cuatro canales de TDT y luego alquiló uno de ellos… a TV-3. Ni de la connivencia del Govern con la radio privada catalana, que presiona contra la adjudicación de más frecuencias. Lecciones, las justas.
