Si se aguza el oído, ya puede escucharse el frufrú de las togas en el Tribunal Supremo. El juicio del 1-O debe hacer justicia. No es una obviedad zafia. Juristas acreditados como Martín Pallín, López Garrido y Pérez Royo han apreciado un disparate en la instrucción del proceso. Quien dice disparate, dice afán de escarmiento. Pese a la endeblez de la tesis de la violencia, los delitos imputados son de la máxima gravedad y conllevan penas extremas. La prisión preventiva forma parte del cuadro de desmesura, aunque la huida de Puigdemont, Rovira y demás brinda en bandeja el argumento para no revisarla.
Los encausados convertirán su defensa en un alegato contra la democracia española, donde según ellos los derechos humanos están en desguace. Intentarán también que el proceso actúe como una catapulta internacional para la causa independentista. El mundo no tragó en el 2017 con el ensueño de la secesión catalana, a ver si traga ahora con la ilusión de que España ha logrado engañar a todos durante medio siglo y Franco sigue vivo.
Esta estrategia de defensa es coherente con la esencia nuclear del ‘procés‘: la agit-prop permanente. Quizá sirva para apuntalar internamente el relato independentista justo cuando el cainismo lo empuja hacia la implosión. Pero en el plano estrictamente jurídico no parece la mejor línea de defensa de los encausados.
Alucinaciones
Los independentistas considerarán cualquier sentencia no absolutoria como el certificado de la democracia ausente y de la adulteración de la justicia española. Causa alucinaciones escuchar este argumento en boca de quienes diseñaron una ley de desconexión que daba al presidente de la Generalitat el poder de designar al presidente del máximo tribunal de la Catalunya independiente.
El Supremo debe hacer justicia. Justicia con todas las garantías, sin mácula. Justicia reparadora, no de escarmiento. La sentencia no puede ofrecer las fisuras causadas por la sobreactuación en la instrucción del caso. El tribunal se juega su propia credibilidad (maltrecha tras el esperpento de los impuestos hipotecarios) y la de las instituciones de la democracia española. El partido empieza ya mismo.
