Inicio Opinión Juicio del Supremo: se levanta el telón, por Joan Tapia

Juicio del Supremo: se levanta el telón, por Joan Tapia

Llevamos ya unos días del juicio del Supremo. Será un juicio trascendente para Catalunya y para España, pero es todavía pronto para sacar conclusiones. Hoy lo posible es transmitir primeras impresiones.

Una es que el trago nos lo podíamos haber evitado -creo que lo negativo superará a lo positivo- sin la temeridad de unos -Puigdemont al no convocar elecciones- y la reacción demasiado contundente de otros, la acusación de rebelión y las largas prisiones provisionales. No se trata de la equidistancia sino de constatar una realidad. Como acaba de decir Felipe VI, “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho”. Pero los fiscales y los jueces deben procurar -para que el Estado de derecho tenga la máxima autoridad moral- respetar al máximo las garantías jurídicas, actuar con proporcionalidad, e intentar que sus actuaciones sean entendidas por la opinión.

En España -pese a los inevitables defectos de todo sistema- eso acostumbra a ser así. Pero no siempre. Para no centrarnos solo en el ‘procés’, el expresidente del Barca, Sandro Rosell, lleva mas de seiscientos días en prisión provisional y su juicio en la Audiencia Nacional empezará el lunes. Es una aberración. Y en el ‘procés’ está extendida la creencia de que acusar de rebelión es excesivo y que las largas prisiones sin fianza tienen de fondo el intento de escarmentar antes de juzgar. Así lo creen el 66% de los catalanes y el 44,9% de los españoles (contra el 40,5%) según una reciente encuesta de GAD-3. Cuando la distancia entre la opinión y el máximo órgano judicial es tan grande, algo falla.

Gran cautela del juez Marchena

No obstante, las primeras sesiones han transcurrido con más garantías de las que algunos temían. El juez Marchena -inteligente, discutido y sabedor de que Estrasburgo dirá la última palabra- está actuando con gran cautela. Las defensas ejercen su función con eficacia, la acusación de Vox está acotada y la fiscalía no se ha adueñado de la sala.

Hasta ahora el delito de rebelión, el punto clave de la instrucción del juez Llarena, no ha sido ni probado ni bien argumentado por el ministerio público

El miércoles, Carles Mundó -para el que se piden siete años por desobediencia y malversación- puso en un aprieto a la fiscalía cuando, pese a ser retado, el fiscal Zaragoza no aportó ni una prueba de malversación en su Conselleria (Justicia). E hizo una defensa muy jurídica al negarse a contestar sobre un tuit al recalcar que no se le juzga por sus opiniones sino por dos delitos que deben ser probados.

Y Santi Vila reveló la existencia de intentos de pacto -luego frustrados- al explicar que sus contactos con el Gobierno de Rajoy y políticos del PSOE fueron aprobados por Puigdemont. Quizá haya habido rebelión, pero cuando se autorizan gestiones de mediación, luego se hace una declaración sin conato de sublevación, y a las pocas horas se huye al extranjero, parece que estamos ante algo distinto a una rebelión. Quizá Puigdemont (y Junqueras) no osaron -como Vila insinuó- confesar a sus entornos que lo tan prometido era una quimera. Quizá hubo delitos -el referéndum no lo pudo pagar el Espíritu Santo- pero se tiene que demostrar y parece difícil si el ministro Montoro certificó que no hubo desviación de fondos. El clima que describió Vila no es de rebelión sino de aguda torpeza política.

Entretodos

Veremos lo que sucede cuando comparezcan los testigos políticos y policiales, pero en el interrogatorio clave del fiscal a Jordi Sànchez no se apreció tampoco la rebelión. Manifestarse con energía por la independencia, e incluso con malos modos y escarnio contra las autoridades políticas y judiciales, no es rebelión. Pinchar ruedas y destrozar unidades móviles de la Guardia Civil sí es un delito grave. ¿De rebelión, o de desórdenes públicos en grado máximo? ¿Y la autoría se puede atribuir a los presidentes de la ANC y de Òmnium que convocaron la protesta?

Un Govern sin madurez

Parece claro que no hubo alzamiento como ya dijo -desautorizando al instructor- un alto tribunal alemán. ¿Hubo una conspiración para romper España que al final fracasó? Puede ser, pero se deberá probar. Y la sentencia será valorada no solo en Catalunya sino en España y por el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Ante un juicio tan relevante la sensatez del Govern era obligada. Y el intento de huelga general del jueves de un sindicato minoritario ha mostrado que al Govern le falta madurez. Mientras los ‘consellers’, en huelga, incitaban al paro, la mayoría de la población -pensara lo que pensara- no seguía a los CDR porque no opina que sea lo idóneo para lograr un juicio justo. Que un sindicato minoritario lo crea es hasta admisible. No así que sea jaleado por la Generalitat.