La juez Alaya ha vuelto a la actualidad casi clandestinamente. Pocos medios han prestado interés a su discurso en Valencia, pese a que en esta misma semana su saboteada y finalmente interrumpida instrucción del caso de los ERE ha sentado en el banquillo a dos presidentes de la Junta, Griñán y Chaves, padre y abuelo político respectivamente de la presidenta actual, Susana Díaz, que antes de un mes puede ser proclamada lideresa del PSOE y candidata a la Moncloa.
¿Nadie tiene ya interés en saber lo que dice la juez de los ERE justo ahora? ¿O es que lo que dice no le conviene a nadie?
La juez Alaya fue fervorosamente defendida por el PP y los medios de centro-derecha cuando, por empeñarse en instruir en serio el mayor caso de corrupción de toda la era democrática: 840 millones de euros de fondos para el paro, desviados desde la Junta a las cuentas de todos los partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, IU, UGT, CCOO) que mandan en la mayor y más poblada región de España desde las elecciones de 1977 y 1979.
La juez padeció una feroz campaña de difamación, personal y profesional, que fue acaudillada por ‘Mienmano’ Guerra y, lo más grave, respaldada por el CGPJ. O sea, por el PSOE y el PP, porque, según Valencia Plaza, dijo que «no le permitieron seguir con el caso ERE con el voto unánime del PP y del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».
Y ante las preguntas del auditorio, acaso perplejo, ratificó:
«Mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme; porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».
Un linchamiento político, sindical y judicial
Además de Guerra, Chaves, Griñán y demás ‘famiglia’ sociata, cabe recordar que en la vanguardia del linchamiento de la juez estuvieron IU de Andalucía (hoy Podemos) llamándola «ultra, pija y católica», y sobre todo los sindicatos, que al llegar la instrucción a la mangancia de los cursos de formación, llegaron a cercar su juzgado con más trescientos «liberados» e «imputados», obligando a la policía a sacar a la jueza por la puerta de atrás.
Pero la verdadera y finalmente exitosa conspiración contra Alaya la protagonizaron el consejero de Justicia e Interior, Emilio Llera, el TSJA que denuncia la jueza y, finalmente, el Consejo del Poder Judicial, que respaldó la decisión del TSJA, criatura sociata, que le quitó el caso a la juez Alaya y puso a trocearlo a la juez Bolaños, que pareció disfrutar con la charcutería porcina y el embutido rojo-pimentón de la chorizada judicial.
Pero entonces los medios simpatizantes del PP y UPyD -Ciudadanos no se había convertido todavía en partido estatal- defendíamos a Mercedes Alaya.
¿Qué ha pasado para que aquella señora imponente, popularísima en la Derecha y en la Izquierda decente tras plantar cara a la corrupción en su más extenso solar, se haya convertido en un «juguete roto» informativo?
Pues que, efectivamente, ese CGPJ, donde ahora están representados y mangonean todos los partidos -sólo UPyD rechazó su vocalito; IU lo aceptó de mil amores- siempre con el PSOE y/o el PP al frente, certificó el cierre del caso de los ERE.
Y lo que critica Alaya es el empeño del PP hoy, del PSOE ayer, en que sean los fiscales los encargados de instruir los casos. Ahí ha estado implacable. Y tiene sobradas razones, objetivas y subjetivas.
La clave de su expulsión del encausamiento de la corrupción en Andalucía está en la carrera fiscal de ciertos políticos y en la carrera política de ciertos fiscales. Fiscal dizque en excedencia es el Vichinsky de la Junta, Emilio Llera; y fiscal de carrera es Gallardón, cuyo hombre fuerte en el aparato judicial es Carlos Lesmes, que a su vez promovió a Díez-Picazo para la Sala 3 del Supremo por donde pasaría lo que más preocupaba de la juez Alaya: reunir en un solo caso los ERE, los cursos de formación y el grupo IDEA que los pastoreaba, unión que afectaba a Braulio Medel, gran cajero del PSOE andaluz desde hace décadas.
Fue Medel el que recurrió a los tribunales para separar los ERE y los Cursos de los administradores en IDEA. Y para despiezar el sumario, que se refería a una misma trama de corrupción que actuaba en tres áreas de trinque quitaron a Alaya y pusieron a la Juez Bolaños, amiga de Llera.
Hace casi dos años, Jesús Cacho lo denunciaba con toda claridad:
«El miércoles, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió por 12 votos contra 8 al magistrado Luis María Díez-Picazo nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). El ganador, de brillante currículum, es gran amigo del presidente del TS, Carlos Lesmes, el mandamás de la cosa, que ha logrado así salirse con la suya.
El perdedor, que durante 5 años dirigió satisfactoriamente la Sala y que se presentaba a la reelección, se llama José Manuel Sieira, pero ha tenido la desgracia de haberse enfrentado a Lesmes en el asunto del indulto concedido al kamikaze -remember Gallardón, siempre Gallardón- que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista AP-7 (un escándalo que Vozpopuli destapó en su día) y desde entonces Lesmes le había puesto la proa». (Vozpópuli, 26-7-2015)
Probablemente, la única razón de que Gallardón no se ha sentado en el banquillo del caso Urdangarín y no haya sido encausado hasta ahora en la Operación Lezo, a pesar de que la trama exterior del Canal de Isabel II es suya desde el primer y escandaloso pelotazo de 85 millones de euros, es la fuerza que conserva en los estrados fiscales y judiciales. Por ahora, digo.
Porque lo primero que hizo Ignacio González fue tapar ese pelotazo de Gallardón, su enemigo político, por el bien del PP. Y no existe razón para que el juez Velascorespete a un respetado que no merece respeto alguno. Salvo alguna otra conexión que desconocemos, y que tal vez es a lo que se refiere Alaya cuando carga contra la Fiscalía Anticorrupción, engendro que creó Felipe González exclusivamente para tapar la corrupción del PSOE.
La corrupción de la Fiscalía Anticorrupción
Ha dicho la briosa jueza sevillana que «el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación».
Dado que el Gobierno elige al fiscal general del Estado, y éste a los de Anticorrupción, el Gobierno está presente en todos los casos de corrupción»; que «no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido», y que «no se puede usar a los fiscales como lacayos».
Querrá decir que no se debe, porque poder, lo que se dice poder, vaya si pueden. Y como sucede con los jueces, que no pueden hacen carrera sin la protección de un partido político y ya no se sabe quién corrompe a quién, también los fiscales en los últimos casos de corrupción, de Madrid o Barcelona, o sea, de Pujolandia, han quedado a la altura de los jueces de los altos tribunales y de ese tribunal especial -y especialmente prescindible- llamado Audiencia Nacional, donde los profesionales íntegros se pierden en la pasarela publicitaria de jueces sin escrúpulos, a lo Garzón.
Volver a leer algo sobre la juez Alaya me devuelve con melancolía a aquellos tiempos en que jueces como Barbero o Gómez de Liaño podían convertirse en enemigos de la casta del ‘PRISOE’, pero tenían la atención y el apoyo de la ciudadanía a través de muchos medios de comunicación.
El gran cambio a peor, desde entonces, está en los medios, enfeudados a los grandes multimedia, y a la costumbre del PP y el PSOE de dominar jueces y fiscales para ahorrarse problemas con la Justicia, sin apenas oposición mediática.
Politización de la Justicia, judicialización de la política
No siempre lo logran, claro está, pero la estructura podrida sigue ahí. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 -el sepulcro de Montesquieu-, a la traición y rebatiña del CGPJ por Gallardón, pasando por el pacto Michavila-López Aguilar en tiempos de Aznar, todo lo que han hecho el PSOE, que lo anunciaba, y el PP, que lo negaba en la Oposición y lo pactaba con el PSOE en el Gobierno, es la politización de la Justicia, que los partidos compensan con una permanente judicialización de la política.
El resultado es que, según una encuesta reciente, los españoles son, de todos los europeos, los que menos confianza tienen en la Justicia. Y con razón.
No sé de dónde sacaremos fuerzas para volver a tener esperanza en que éste, que es el problema capital de España, tenga atisbos de remedio. Pero hemos de encontrarlas. La reaparición de la juez Alaya nos devuelve un sentimiento que no deberíamos olvidar: la incurable nostalgia de la Ley.
