El Estado está siendo penetrado por ONGs en la misma medida que renuncia a cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Al igual que cualquier grupo paramilitar, una ONG es una organización no gubernamental que viene a ocupar las responsabilidades del Estado de la peor manera posible, sirviéndose de ventajas fiscales y subvenciones públicas, y detrayendo de la hacienda pública los donativos de los ciudadanos que bien podrían formar parte de un sistema impositivo más justo y equilibrado. La suplantación del Estado por estas entidades, calificadas de forma eufemística, como sociedades SAL, Sin Ánimo de Lucro, son una lacra social en tanto se dedican al reparto desigual de la riqueza entre los pobres beneficiarios, y alimentan un cuerpo de gerentes que viven de la gestión de los recursos puestos a su disposición. Las ONGs se llevan por delante la voluntad y caridad cristiana de la posizquierda, la misma que antaño quemaba Iglesias y ahora adora a Iglesias como si la pobreza pudiera gestionarse desde un espacio privado que redime la conciencia.
La justicia social se substituye por una caridad arbitraria ejercida por organizaciones sociales que se nutren del voluntarismo y de los intereses de sus gestores, como en la caridad musulmana, que después del Ramadán obliga a dar de comer a los pobres. Todas las instituciones públicas, el Gobierno central y de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos sufren el acoso secular, religioso de las ONG. Sus propuestas llegan al debate político, determinan las políticas y acciones públicas y las substituyen mientras captan ayudas y subvenciones cuyo destino final no son dar una respuesta a las necesidades de los destinatarios de su acción, sino en buena medida a las necesidades de las estructuras burocráticas y arcaicas que en teoría determinan la distribución de tales recursos. Las ONGs están impregnadas de un halo de honradez, pero son marcas comerciales del buenismo cristiano que ahora lidera una izquierda que busca su acomodo político gracias a la defensa de los fines benéficos de estas organizaciones, como si la pobreza surgiera de alguna suerte de expolio por parte de los donantes.
El Estado ha dejado de redistribuir la riqueza, ha externalizado el sistema de reparto de los recursos públicos para facilitar el desarrollo y se ha limitado a seguir las pautas de partidos políticos que defienden la caridad como la mejor acción de gobierno. Es frecuente la asunción de los postulados de las ONG por parte de los partidos, un ejemplo de los cuales es declarar los ayuntamientos como instituciones libres de empresas que realicen negocios en paraísos fiscales. Suena bien al incauto y aburrido votante porque ignora qué parte de los recursos puestos a disposición de la ONG sirven al propósito para el que se fundaron, qué parte a sus gestores, y qué parte a sus potenciales beneficiarios, el incauto y aburrido votante que ignora cuál es el impacto de las acciones de estas ONG en el desarrollo de los pueblos. Las campañas a menudo personales del cantante Bono han generado más pobreza que aquella que ha venido a suplir sus generosas donaciones, en tanto la donación desincentiva la creación de riqueza y la asunción de responsabilidad por parte de quien la recibe. Ese simplismo social se expresa en la facilidad con que se aprueban propuestas de las ONG, por la dificultad misma para expresar rechazo.
Dar viviendas a quienes las necesitan, becas para comedores escolares, abrir colegios los fines de semana para dar de comer a niños en riesgo, crear bancos de alimentos, poner en uso contenedores de ropa, recoger tapones de plástico, etc. no resuelven ninguno de los problemas cuya solución se pretende. El Estado recicla sus sistema de ayudas en un sistema perverso para que las ayudas se realicen a través de organizaciones, que a cambio de un sello de sensibilidad social o garantía de calidad destruyen la esencia misma del Estado benefactor como responsable de la promoción de la igualdad social de oportunidades. Ese Estado perverso reduce la cartera de sus servicios de la forma más barata posible, atribuyendo a gestores privados lo que debería ser de su exclusiva responsabilidad, tanto más importante porque la acción pública no está sometida a los intereses corporativos e ideológicos de los que deciden sobre el destino de los recursos obtenidos de los ciudadanos y del propio Estado.
Una cohorte de voluntarios, con camisetas escritas con el eslogan de la ONG de turno se apuestan a la entrada de los supermercados para llenar carros de comida no perecedera, otros llaman a la puerta para vender postales que concitan una respuesta del ciudadano que ignora por completo no solo el destino de su donación, sino la organización misma que se lucra de su gestión. Una ONG nos pide sangre, una empresa gestiona los hemoderivados y se beneficia de la donación sin que el Estado audite su actuación. Caritas, Save the children, y otras instituciones muestran caritas sonrientes de niños pobres que agradecen que una monja les dé de comer, y se reparten juguetes para niños que no cuentan con Reyes Magos. Sus nobles propósitos maquillan los efectos reales de sus acciones que no sirven para generar oportunidades y ofrecer recursos para eliminar la pobreza. Es como si los pobres fueran una necesidad que justifica acciones individuales y no acciones sociales que extingan las condiciones para que estos endemismos no se mantengan en el tiempo.
El éxito con el que concitan la caridad pública alimenta a las redes de pobres organizados controlados por auténticas mafias. Los pingües beneficios obtenidos por la venta del periódico La Farola ha hecho ricos a sus creadores originales y a quienes les copiaron. Las mafias de colectivos inmigrantes controlan los pordioseros que limosnean la ayuda de los transeúntes, les trasladan al lugar asignado, y les extorsionan para la entrega de lo que obtienen. Reparten los lugares como si a cada esquina le pudiera corresponder un pobre en particular. Las organizaciones parasociales vienen a ser amparadas por el Estado sin supervisión, y los mismos actores acaban implicándose en delitos sociales, en la prostitución, en el tráfico de drogas, en el lavado de dinero. El Estado de bienestar se resquebraja porque el bienestar se ha cedido a las ONGs y sociedades SAL. La izquierda aviva las campañas, los antisistema se frotan las manos, la caridad por fin se ha convertido en el mejor arma para luchar contra la creación de riqueza, contra un Estado que ha hecho dejación de su responsabilidad, y que ejecuta un presupuesto con efectos paliativos que no sólo no resuelven el problema sino que lo alimentan, alimentando a quienes han hecho de la caridad pública la base de su existencia. El éxito con que los Hermanos Musulmanes lograron su dominio político residió precisamente en su habilidad para substituir a un Estado débil ejerciendo la caridad. Las ONGs se han convertido en parte del problema. No forman parte de la solución; la ausencia de unas políticas públicas adecuadamente evaluadas amparan un tipo de organizaciones que acaban por destruir el mismo orden social, y las expectativas de un futuro mejor.
