LA Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado el escenario básico de la respuesta penal al independentismo tras hacer pública este 22 de marzo de 2017 la sentencia firme que condena a Francesc Homs a 13 meses de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional.
Al igual que Mas y sus exconsejeras Ortega y Rigau, Homs desobedeció la orden clara e inequívoca del TC de suspender cualquier actuación que facilitara la celebración de la consulta del 9-N.
Con una explicación pulcra y fundada, el Alto Tribunal analiza por qué no condena por prevaricación y por qué deja abierta la posibilidad de futuras acusaciones por malversación de caudales públicos.
Esta reflexión es especialmente oportuna porque coincidió ayer con la aprobación por la mayoría nacionalista del Parlamento catalán de unos presupuestos con partidas para el referéndum separatista, a pesar de la advertencia explícita de los letrados de la Cámara de que tal actuación era contraria a la decisión del TC.
El siguiente paso deberá ser una acusación formal por malversación de caudales públicos.
La sentencia pone orden en las acusaciones de la Fiscalía de cara al futuro y allana el camino a la confirmación de las condenas a Mas, Ortega y Rigau. La de Homs ya es firme.
Todos pusieron a prueba el Estado de Derecho y el Estado ha respondido con cuatro inhabilitaciones, tan cortas como lo impone la ley, y con unas sentencias de mucho valor político. Y esto sólo es una parte del potencial que el Estado guarda para defenderse.
Las reglas están claras. La sólida sentencia de la Sala Segunda legitima la aplicación del derecho penal a las conductas separatistas anticonstitucionales, no por ser separatistas, sino conscientemente ilegales. No es política lo que hizo Homs -o Mas, Rigau y Ortega-, sino delito. Así de simple y de grave.
