¿Tiene el Estado potestad sobre los muertos? Sí. Si se trata de un Estado totalitario. Que es, por definición, la estructura de poder sin fisuras, en la cual cada sujeto debe ser sometido a los parámetros morales y materiales que la máquina de hacer política dicta.
Fuera de esa variedad institucional, que es uno de los inventos mayores -y más terroríficos- del siglo veinte, los muertos fueron siempre bien simbólico de la familia que en ellos halla nombre, continuidad y soporte. Y sus restos son sagrados y, en esa condición, están exentos de cualquier intervención pública. Lo público -ya sea laudatorio u ofensivo- envilece con su contacto a aquellos que ya sólo en la memoria de quienes los amaron tienen vida.
La necrofilia es una peligrosa patología. Moralmente comprensible en quienes guardan en su memoria emotiva la presencia simbólica de lo preciado que perdieron. Obscena, si quien pretende ejercerla es una máquina institucional llamada Estado. Las máquinas no ceden a sentimientos. Y, cuando una máquina invoca en apoyo de sus actuaciones nobles afectos individuales, cualquier hombre libre sabe que esa máquina le está engañando. Y que, bajo las pringosas retóricas sentimentales, es una función de dominio y servidumbre la que está siendo puesta en marcha.
El Valle de los Caídos es un lugar horrible. Su imagen en la lejanía me escalofría cada vez que he tenido que pasar por los alrededores. Su estética me es insoportable. Pero sé que los cadáveres que allí debajo reposan merecen, como todo cadáver, el respeto simbólico de no ser tocados.
A menos que, de modo personal y específico, una familia desee modificar el lugar de entierro de su ser querido. En ese caso, si es que es posible materialmente -no lo sé-, la respuesta sensata sería facilitar técnica y administrativamente tal traslado: cada traslado, nominal y preciso. Pero nadie -y el Estado aún menos- puede disponer sobre la extracción del cadáver de otro. El muerto es sagrado. Al margen de cualquier tipo de creencias, lo ha sido siempre. Todo muerto. Sean cuales sean los sentimientos que en individuos o instituciones un muerto u otro levanten.
Hace dos años, cuando en París se cometieron dos de los más despiadados crímenes yihadistas, la matanza de Charlie Hebdo y luego la del Bataclan, hubo voces municipales que reclamaron impedir el entierro de los asesinos en sus locales cementerios.
La Administración central tuvo que recordar que es deber de la República garantizar el reposo eterno a cualquier cadáver. Sin distinciones. Sin ninguna. De no haberlo hecho así, la República se hubiera rebajado a la altura de quienes juzgan moralmente justificado hacer cualquier cosa para destruirla. La condición ciudadana incluye el respeto universal a los muertos. Y, cuando el Gobierno francés, en el año 2009, concedió a Albert Camus el honor más alto que Francia otorga a sus mejores hijos, reposar en el Panteón de los hombres ilustres, bastó la negativa de un miembro de la familia al traslado para que el proyecto se anulara.
Mi padre -el recuerdo de mi padre- reposa en el lugar del cementerio civil que el deseó. Mi madre -su recuerdo- en un cementerio católico, acorde con su creencia. Quienes me aman saben que mis cenizas deben ser aventadas: no quiero que nada mío permanezca en ningún sitio. Son elecciones. Íntimas.
Y en esa intimidad se juega algo esencial de nuestro ser hombres libres. Mover por decisión de Estado restos fúnebres, sólo es dar cuerda a la máquina del totalitarismo.
GABRIEL ALBIAC
