EL exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por el papel que desempeñó en la fallida salida a Bolsa de Bankia, cuyo posterior rescate tuvo que ser sufragado por los contribuyentes.
La Audiencia Nacional ordenó este 13 de febrero de 2017 que sea citado a declarar junto con el expresidente de la CNMV Julio Segura, entre otros destacados miembros de ambos reguladores, pese a que el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, rechazó en noviembre dicha posibilidad, al entender que las decisiones de gestión, como fue la venta de acciones, son «responsabilidad» de la antigua dirección de la entidad, mientras que la labor del BdE se ceñía a la de supervisor.
El cambio de criterio no solo es correcto, sino necesario para dirimir todas las responsabilidades jurídicas relativas a este histórico fiasco.
En primer lugar, porque es lógico que si la anterior cúpula de Bankia, con el exministro Rodrigo Rato a la cabeza, y la auditora responsable de la operación figuran como investigados, el proceso también se extienda a los máximos responsables que autorizaron su salida a Bolsa.
En segundo término, porque, dadas la especial naturaleza del sector bancario y la muy particular politización de las extintas cajas de ahorros, cuesta mucho creer que las funciones desempeñadas por el BdE y la CNMV se ciñeran tan solo a supervisar decisiones ajenas, sin influir en el rumbo que debía o no adoptar el sistema financiero para afrontar la crisis internacional.
Pero, sobre todo, porque los nuevos investigados autorizaron la oferta pública de suscripción en verano de 2011 pese a que la inspección del BdE advirtió hasta en cuatro ocasiones a sus superiores que el grupo era inviable y que la salida a Bolsa fracasaría.
Partiendo de la fundamental presunción de inocencia, existen suficientes dudas e indicios para que Mafo y el resto de investigados se sienten en el banquillo con el fin de dar las explicaciones pertinentes sobre los hechos y actuaciones bajo sospecha.
La tarea de la Justicia será determinar si existió algún tipo de dolo o negligencia punible en el desarrollo de su trabajo como reguladores o, por el contrario, cometieron un error sin consecuencias jurídicas, pese a su elevada factura económica y fiscal.
Sin embargo, más allá de la decisión final de los jueces, Mafo ya es responsable político, junto con el anterior Gobierno del PSOE, de la nefasta gestión llevada a cabo en materia financiera por negar la crisis, impulsar la ruinosa fusión de cajas insolventes y no acometer su reestructuración en tiempo y forma.
Este cúmulo de desatinos debe servir de lección para que España cuente con verdaderos reguladores independientes y entidades financieras ajenas a la política.
