Profesión Okupa

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El cartel de ocupado ha sido siempre un reclamo para no golpear la puerta de un retrete. La categoría ocupa, su asociado semántico, responde precisamente a como convertir una ciudad en un estercolero y a una vivienda en un retrete cuando la okupa quien no se ocupa. La protección a los okupas forma parte de una estrategia de desconstrucción social, una forma de destruir la confianza de todas las personas y otorgársela a los irresponsables que se adueñan de bienes públicos o privados con total impudicia. Forma parte de esa cultura de convertir al invertido en normal, y al normal en invertido, como si la normalidad fuera simplemente una condición estadística o una forma de contrapropaganda. La contracultura ocupa desincentiva el valor del trabajo, destruye la economía y hurta al país de los recursos de ciudadanos que en otro contexto podrían ser productivos y diligentes.

La vivienda no puede ser un derecho social mayor que el de obtener gratuitamente alimentos. El derecho a ser alimentado por cualquier institución, estatal o paraestatal, debiera ser un derecho mayor que el derecho a una vivienda; sin embargo, el hambre que es mas perentoria que el techo, no concita esa protección pública, y nadie justifica que la respuesta a esta necesidad sea la libre concurrencia de ladrones sobre platos ajenos. No se reivindica explicitamente el derecho a un alimentante universal y esta condición queda reducida al entorno familiar y nunca como un derecho inextingible e ilimitado. La protección del desvalido es un objetivo noble en la medida en que se den las condiciones para que pueda recuperar su libertad, pero no puede entregarse una solución habitacional a quien muestra una persistente disposición a abusar de la piedad ajena. La libertad personal no puede entenderse sino como un atributo de la responsabilidad. La doctrina okupa es una escuela de irresponsabilidad consentida, avalada y protegida por agitadores sociales que utilizan esta forma de presión para promover el malestar público y acrecentar sus recursos para dominar la sociedad desde una perspectiva totalitaria. Es una práctica de guerrilla urbana para promover una sublevación social.

Existen en España más de 27 millones de viviendas, a razón de una por cada 1,6 personas. 85000 están ocupadas ilegalmente, 5 millones están alquiladas, 3,5 millones vacias, y 450000 son viviendas de alquiler vacacional. El resto lo ocupan familias de cualquier tamaño. La inseguridad jurídica de los alquileres ha dado lugar a que proliferen empresas que capitalizan bienes inmobiliarios ajenos, y determina que un número importante de propietarios prefieran tener la vivienda vacía a pesar de que sea gravada con una renta imputada, a sufrir impagos y desperfectos por parte de inquilinos venales cuyos delitos finalmente quedan impunes. Si se dedujera de la renta el coste de defensa legal, el coste de intermediación en el alquiler, el coste de los seguros de hogar sobre el continente y el contenido, el coste de recuperación de una vivienda alquilada, etc. la renta a pagar por un inquilino se vería extraordinariamente reducida. Solo se necesita la voluntad política de no castigar más a quien como resultado de su propio esfuerzo y el de sus familiares adquirieron una vivivienda en lugar de consumir su excedente en el día a día. Si las leyes protegieran al propietario, forzando al inquilino a cumplir el contrato y pagar religiosamente la renta, el país entero dispondría de una renta adicional próxima a los 500 millones de euros, según se desprende de un informe de u co ocido portal de vivienda, sin contar con los costes indirectos que se generan con desahucios, seguros y reparaciones. Este no es un juego suma cero, de modo que al estilo podemita, la ganancia del propietario supusiera una pérdida de derechos para el inquilino, o viceversa. Muy al contrario, el beneficio de un sistema legal que obliga al cumplimiento de los contratos reportaría un beneficio inmediato que se expresa en reducción de la renta de alquiler, facilitando el cumplimiento de lo acordado a un mayor número de personas. El coste directo de las 85000 viviendas ilegalmente ocupadas supone otros 20 millones de euros, de nuevo sin sumar cualquier coste indirecto, el mayor de los cuales es incentivar la conducta delictiva. Los problemas vecinales, el riesgo de robo y agresiones, el aumento de las plantillas policiales, y la destrucción de bienes públicos que acompaña al movimiento okupa.

Es inaudito que se proteja a los okupas sin considerar la degradación que acompaña en esta dinámica de destrucción de la ciudad. Se cultivan como si representaran una forma de cultura, cuando se trata de una subcultura orientada al expolio de los menos pudientes. La cultura del grafitti, del consumo de estupefacientes, la cultura de la indigencia hace indigno a quien la presenta, e indignos a todos los ciudadanos que sufren a quienes la practican. La miseria al interior de las ciudades crece alimentada por el consentimiento de este expolio. La cultura okupa es así, esencialmente, una forma de guerrilla urbana, una promoción de la inseguridad, orientada a generar malestar y angustia, nada que ver con las necesidades de un ciudadano. El coste de limpieza de las ciudades en las grandes concentraciones públicas, la destrucción de riqueza en la limpieza de fachadas en entornos urbanos y universitarios es de tal magnitud que cualquiera puede comparar los sobrecostes de mantenimiento en detrimento de inversiones socialmente productivas en bienes públicos. Resulta ilusorio suponer que el gravamen sobre viviendas vacías vaya a dar solución a las necesidades sociales. Los podemitas que siempre sospechan del mercado no deberían ignorar que la seguridad jurídica de los propietarios reduciría las rentas tan drásticamente que serían risibles para un enorme número de ciudadanos. La inclusión social no deriva de ofrecer gratuitamente lo que a otros les cuesta, sino en crear oportunidades que pasan por una reducción del coste de vivir, que en el caso de la vivienda puede lograrse con medidas legislativas, cumplimiento de la ley y ejecución de las sentencias. El movimiento okupa, no es sino la expresión de la anarquía que a muchos satisface porque han hecho de la protesta un medio de vida y su razón de ser. Cualquier política pública debe estar sujeta a evaluación. La ausencia de esta evaluación protege a quien abusa de su derecho en detrimento de todos los ciudadanos que respetan la ley y pagan por los bienes de todos.

Incidir en políticas que incentivan a los ocupas, protegerles dándoles alas para que degraden las ciudades, dándoles ayudas para que destruyan el capital social de todos no es una política de inclusión correcta, especialmente en ese caso en que se está protegiendo a personas que se sienten precursoras del estado salvaje, del nirvana del ocio, del dolce far niente, del no pegar ni clavo y seguir creyendo que se merecen todo. A veces las medidas sobre este colectivo debiera consistir en una leva popular forzosa, que les proporcionara una ocupación alternativa socialmente beneficiosa. La solución pasa por hacer trabajo social, por obligar a compensar los destrozos que sus acciones provocan con un trabajo comunitario. Al igual que los presos pueden recuperar su libertad formándose para cuando la disfruten, los okupas debieran ser premiados con un trabajo gratuito, con una formación adecuada para desempeñarlo, con una manutención de acuerdo con el seguimiento de programas de reeducación social y laboral, y terminado el periodo de reinserción ponerle en sus manos el control de sí mismos, y de su futuro. Lo contrario nos abocará a que la sociedad grite contra aquel que no merece el respeto ciudadano por haber defraudado toda la confianza.