Tomadura de pelo (otra más)

El problema del Gobierno en la partida contra los separatistas catalanes es que ha pensado siempre que en el fondo se enfrentaba con iguales morales, mandatarios que al final respetarían las reglas de juego.

Una y otra vez, con una decepcionante ingenuidad, el Ejecutivo español, formado por funcionarios y abogados, ha esperado un volantazo de última hora de los sediciosos, que nunca ha llegado. En fecha tan tardía como el pasado mayo, la vicepresidenta del Gobierno todavía era enviada en misiones de buena voluntad a Barcelona.

Sonreía a la vera del taimado Junqueras, cabecilla real del golpe, entre flores y libros de San Jordi. Era la llamada Operación Diálogo, que los sublevados simplemente se tomaron a chufla.

A finales de agosto los insurrectos anunciaron que llevarían al Parlament sus leyes de desconexión. Tampoco hubo reacción del Gobierno, todavía confiado en que a última hora se amilanarían. No lo hicieron.

A comienzos de septiembre celebraron las bochornosas sesiones en las que aprobaron dos leyes golpistas para romper España, algo que nunca se debió haber permitido. Una vez más el Ejecutivo y el TC actuaron a toro pasado.

Suspendieron esas leyes, pero su mera aprobación en el Parlament sirvió a los separatistas para proclamar ante el mundo que ahora existían dos legalidades, la catalana y la española.

Sorprendentemente, tras todo lo ocurrido, Puigdemont y Junqueras siguieron en sus puestos y también el jefe policial de los mozos de Escuadra, a pesar de que mostró a las claras que no aceptaba la coordinación de Interior impuesta por la justicia. Llegó así el gran resbalón del Estado: pese a todas las promesas del Gobierno de que abortaría la logística de la votación del 1 de octubre, lo cierto que sí se celebró. Careció de las más mínimas garantías, pero Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Mas… todos votaron en unas urnas con el escudo de la Generalitat, que las fuerzas de seguridad y el CNI, que depende de la vicepresidenta, no fueron capaces de hallar.

Enésima tomadura de pelo, preámbulo de la penúltima: la declaración de independencia sí pero no de la semana pasada.

En lugar de reponer la legalidad de inmediato y suspender y encausar a los líderes golpistas y sus mandos policiales, el Estado siguió jugando a ganar tiempo, con una ridícula carta del Gobierno, en la que se preguntaba a Puigdemont, delincuente reincidente contra nuestras normas, si había declarado la independencia o no.

Lo cierto es que el 155 tenía que haberse aplicado ya a finales de agosto, cuando los dirigentes sediciosos de la Generalitat explicaron con todo detalle y sin embozo alguno su hoja de ruta para dar un golpe de Estado. Hoy Puigdemont vuelve a tomar el pelo al Gobierno.

Su carta elude el “sí o no” que le pidió Rajoy sobre si ha declarado la independencia. Sale pidiendo diálogo y también que se indulte a Trapero, el líder de los mozos que desoyó a los jueces activamente el 1 de octubre.

Pero en lugar de poner fin a este lesivo culebrón hoy mismo, que ya está castigando a la economía española, el Gobierno se da un plazo hasta el jueves antes de actuar contra quién lleva un mes pisoteando nuestras leyes máximas.

Salvo la excepción del Rey, ni la judicatura ni el Gobierno, y mucho menos el PSOE de Sánchez, han estado a la altura en esta hora de amenaza a la nación.

El artículo 155, instrumento perfectamente legal y precisamente el que prevé nuestra Constitución para parar una insurrección como esta, es visto por Gobierno y PSOE como una herramienta complicadísima, de terribles efectos secundarios y que se debe evitar salvo que nos pongan una escopeta en la sien.

Simplemente para enunciar su posible aplicación ha habido que tragar con el delirio de proponer en paralelo una reforma de la Constitución, dando así parte de razón a los golpistas, pues se viene a admitir que tal y como está la Carta Magna española ya no sirve.

Como telón de fondo, la mediocridad, el tono funcionarial, la falta de la más mínima sintonía con el clamor de la nación . No recuerdo en esta crisis ni un solo discurso de Rajoy, su vicepresidenta o Sánchez que haya reivindicado con altura de miras y grandeza oratoria el formidable país que es España, algo que sí ha hecho espontáneamente nuestra sociedad civil.

Junqueras y Puigdemont acabarán perdiendo, porque Adam Smith, el libre mercado, les ha doblado la mano con la fuga masiva de empresas y porque en realidad no son esos supuestos Jefferson que tanto tememos, sino dos políticos provincianos y bastante limitados.

Pero duele ser español en una nación que se defiende pidiendo perdón con una tosecilla y preguntando a los delincuentes:

“¿Molesto? ¿Les dejo un ratito más para que acaben de delinquir tranquilamente?”.

Ay si hubiesen pillado todo esto un De Gaulle o una Thatcher. Simplemente la sublevación no habría llegado a nacer. Mientras tanto, el circo continúa hasta el jueves. Y lo que queda…

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