La bóveda de nuestro sistema jurídico español es la Constitución de 1978. Su art. 149 establece que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1, 4ª. Defensa y Fuerzas Armadas.
29ª. Seguridad pública”.
Con la finalidad de regular y articular estas competencias exclusivas, se promulgó la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que dota de amplias facultades al presidente del gobierno en particular, y al gobierno de España, en general.
El art. 2 define el concepto de Seguridad Nacional: “A los efectos de esta ley se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
La disposición adicional cuarta indica que: “El Sistema de Seguridad Nacional deberá contar con una política informativa para situaciones de crisis, cuya coordinación estará a cargo de la autoridad que ejerza de Portavoz del Gobierno”.
El actual portavoz del gobierno es el Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Pues bien, ante una situación de auténtica catástrofe nacional, que puede dañar muy gravemente a nuestra principal industria –por no decir la única-, el turismo, el Gobierno del PP ha sido incapaz de declarar que estamos ante una “Situación de Interés para la Seguridad Nacional” (art. 15, d), y actuar en consecuencia, asumiendo las riendas de la situación, poniendo a sus órdenes a los Mozos de escuadra y policías locales de Cataluña, nombrando a una Alta Autoridad para que ostente la representación del Estado (art. 24, d), y encargando a “Los Servicios de Inteligencia e Información del Estado” que proporcionen “elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización” (art. 9, 2).
Nada de esto se ha hecho, y “toda” la labor del Gobierno de España ha consistido en ir a Barcelona a hacerse la foto, y decir que todo iba bien, y que no había problema ni roce alguno. (Lo que es totalmente falso, como es público y notorio).
La Generalidad ha asumido todo el protagonismo, y si yo fuera ciudadano o residente en Cataluña, y no tuviera muchas luces, pensaría, a bote pronto, lo siguiente:
-Que los Mozos de escuadra son una maravilla, pues han dado el pasaporte a 8 de los 12 presuntos terroristas implicados.
-Que la Generalidad gobierna muy bien Cataluña, y que a pesar de la total falta de ayuda del Estado, ha sido capaz de solucionar el problema.
-Que Cataluña no necesita a España, pues en la práctica no le sirve para nada, y solo se dedica a “robarles” el dinero, por medio de los impuestos estatales…
Y para finalizar, en un alarde de mala educación, y grosería, que es congénita en la mayoría de los catalanes, el Parlamento autonómico ha optado por reconocer los servicios de los mozos de escuadra y de las policías locales, negando expresamente distinción alguna a la guardia civil y a la policía nacional, que como todos sabemos son “fuerzas opresoras” del Estado invasor…
Rajoy, mientras tanto, sigue repantigado en el sillón de su despacho presidencial, con los pies encima de la mesa, fumando puros y leyendo El Marca.
No pasa nada, y sí pasa, no importa…
Ramiro Grau Morancho
Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
