La intentona de tijeretazo ha tenido lugar a instancias de la Dirección General de Política Educativa ubicada en una avenida con nombre de Campanario. Un recordatorio de la lejanía del Gobierno de la Generalitat Valenciana al diseñar un recorte de ayudas para niños con discapacidad escenificado en varios actos.
A mediados de septiembre, la Dirección General de política Educativa pone en circulación unas orientaciones acerca de la Solicitud de becas. Las reciben los funcionarios de los Servicios Psicopedagógicos Escolares que realizan los informes para valorar si el niño necesita ayuda externa o no. En uno de los apartados del escrito del Consell, y entre advertencias veladas, se establece la manera en que ‘deberían’ de actuar los profesionales orientadores para negarle la beca a un alumno discapacitado o con trastorno serio de conducta.
Ximo Puig contra los niños discapacitados
Las recomendaciones instaban a que no se aconsejaran más horas de las que estos niños ya reciben en el centro. En caso de no seguir las instrucciones a rajatabla, el funcionario quedaba advertido de que le caería la mundial: se haría un exhaustivo seguimiento de las becas que firma cada orientador y sería el inspector el que verificaría cada caso. Esta es una de las infinitas formas que tiene el gobernante de ‘señalar’ al funcionario reacio a atender ordenes que, como en este caso, perjudican claramente a los discapacitados.
La escuela pública provee de atención interna a estos alumnos. Entonces ¿cuál es la razón por la que esta ayuda resulta escasa en la mayoría de los casos? Por dos razones principales. Una, porque la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no acostumbra a ser individualizada. Y dos, porque el máximo de horas en estas aulas tiene un techo: estos niños no pueden ausentarse demasiadas horas del aula ordinaria porque perderían horas de integración.
No procede
En resumen, las horas con especialistas siguen siendo insuficientes. Este es el motivo por el que los orientadores valoran positivamente las becas que les permiten a los padres contratar estos servicios en centros específicos para cada trastorno o necesidad especial de sus hijos.
“Nos han estado presionando a firmar el ‘No Procede’ en las becas. Han querido hacer un mega recorte en educación especial y la tijera éramos nosotros” era la triste reflexión de los orientadores durante las reuniones a las que acudían los padres para informarse. Tras la sorpresa, los funcionarios han reaccionado con enfado al darse cuenta de que sus representantes políticos habían tratado de colarles un gol al hacer que recayeran en ellos la responsabilidad del fin de las becas.
Los socialistas se parapetan en los técnicos
Tan pronto como la noticia saltó a la prensa, se ha procedido a parar el desaguisado como se tiene por costumbre cuando los políticos meten la pata, esto es, por teléfono, y sin dejar rastro por escrito de la contraorden. La forma de doblegar la voluntad del subordinado para consumar el abuso de confianza en la figura de un funcionario sigue siendo la de siempre, opaca y tramposa.
La secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional es la institución que contempla estas ayudas, pero la Generalitat Valenciana ha estado a punto de impedir su tramitación. Al parecer, las instrucciones internas para que las becas dejaran de tramitarse no sólo han rozado la prevaricación al instar un incumplimiento de las disposiciones del Ministerio previstas para estos casos, sino que han dado muestras palpables de un acto de cobardía. Las pretensiones socialistas de querer parapetarse tras los técnicos orientadores obligándoles a actuar en contra de su criterio profesional y en contra de la normativa para la solicitud de becas del MEFP ha quedado en evidencia de forma innegable. Quien así ha osado actuar puede volver a hacerlo. Estén atentos.
Pilar G. Jáuregui. Socióloga
