El Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, sostiene que los pacientes derivados de otras Comunidades Autónomas generan un sobrecoste a la sanidad pública catalana, pero, en realidad, un fondo gestionado por el Ministerio de Sanidad compensa los gastos realizados en estas asistencias.
En una entrevista en la Cadena Ser el pasado lunes, Ribó aseguraba que la sanidad pública en Cataluña “es tan excelente que vienen de otras Comunidades Autónomas a intervenirse”, pero que eso “tiene un sobrecoste”.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) dispone de un procedimiento reglado por el que cualquier ciudadano puede ser derivado a otra Comunidad que le garantice una atención específica de máxima calidad, con el fin de garantizar que todos los españoles tengan acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, sin depender del territorio donde residan o de su nivel socioeconómico. Por ello, es engañoso hablar de sobrecostes a causa de pacientes derivados por otras autonomías. Cataluña, como cualquier otra Comunidad, recibe una compensación, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, por los gastos que dedica a enfermos de otras comunidades españolas que son operados o sometidos a tratamiento especializado en su sistema sanitario.
Los gastos ocasionados por la atención a estos pacientes derivados se compensan a través del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), un órgano de carácter extrapresupuestario creado en 2001. Este fondo, cuya gestión y distribución corresponde al Ministerio de Sanidad, también garantiza la asistencia sanitaria a desplazados procedentes de otros países de la UE o de naciones extracomunitarias con las que España ha suscrito convenios.
Los detalles de este procedimiento de compensación están regulados en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre -modificado en un artículo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017-, donde se enumeran todos y cada uno de los posibles procesos sanitarios con ingreso hospitalario o de carácter ambulatorio susceptibles de derivación entre Comunidades. A cada intervención o tratamiento se le asigna un coste medio, actualizado anualmente, y a continuación el “coste compensable” por el Fondo de Cohesión, equivalente a un 80 % del importe anterior. Se consensuó con todas las comunidades abonar hasta ese porcentaje porque se calculó de común acuerdo en un 20 % la parte del gasto no atribuible al “coste unitario de la asistencia”, sino a “costes estructurales”; es decir, al uso de recursos generales que los centros sanitarios utilizan con independencia de la atención a esos pacientes en concreto.
Ribó advirtió de la necesidad de cuidar el sistema sanitario para evitar que éste se arruine. Ante la polémica, Ribó difundió este miércoles un comunicado en el que matiza: “Está previsto que los costes de estas intervenciones de pacientes de otras comunidades sean compensados, cuestión que no se cumple en su totalidad”.
«El Síndic considera que sería necesario revisar y adecuar a la realidad la fórmula para calcular el pago de este sobrecoste para la sanidad catalana cuando atiende -obviamente- a pacientes provenientes de otras Comunidades», añade en su nota el defensor del pueblo de Cataluña.
El presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, considera “una barbaridad” hablar de sobrecostes por la atención a pacientes de otras autonomías, recuerda que son los propios centros de referencia sanitarios los que piden ser reconocidos como tales y destaca que la derivación de pacientes funciona en los dos sentidos: También los catalanes pueden ingresar en centros madrileños o en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Además, pone el foco en otros gastos que asumen las Comunidades que reciben visitantes en vacaciones o durante los fines de semana y que no compensa el FCS: los de la atención primaria. Por ejemplo, pacientes catalanes en Aragón y la Comunidad Valenciana o madrileños en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
En efecto, el Real Decreto 1207/2006 excluye de la compensación por el Fondo de Cohesión a la atención urgente que requieren pacientes desplazados temporalmente a otra Comunidad, a quienes se pide únicamente que presenten su tarjeta sanitaria, válida e interoperable en toda España.
Y entonces, ¿quién tiene la culpa de las listas de espera?
PP y Ciudadanos acusaron a Ribó de xenofobia al interpretar que en sus declaraciones culpaba del aumento de las listas de espera en Cataluña a los hospitalizados provenientes de otras Comunidades. El Síndic no vinculaba entonces expresamente ambos conceptos, pero en su comunicado del miércoles sí sugiere que hay relación entre uno y otro.
Tras recordar que Cataluña dispone de 83 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), apunta que «la complejidad de las intervenciones, «cada vez más sofisticadas y de mayor duración», repercuten «en la ralentización de otras intervenciones más sencillas».
Recalca igualmente que, según datos del Instituto Catalán de la Salud (ICS), en los últimos tres años se han incrementado en sus hospitales de referencia un 21 % las intervenciones oncológicas, que «requieren lógicamente más horas de quirófano», y aumentan progresivamente las operaciones con cirugía robótica, que «también implican más tiempo de quirófano».
Ante “los principales problemas de las listas de espera”, Ribó concluye que la Generalitat debe acometer nuevas inversiones, pero también “el Gobierno central se debería plantear cómo compensar el sobrecoste que tienen las comunidades que pueden ofrecer el mejor servicio”. Lo cierto es que Cataluña es la comunidad con más pacientes en lista de espera, 168.108 a finales del pasado junio, por delante de los 137.721 de Andalucía y muy por encima de los 56.725 de la Comunidad Valenciana y de las 52.579 personas pendientes de ser operadas en Madrid, según datos del SNS publicados por el ministerio.
Sanidad explica en este punto que «gran parte de la lista de espera se acumula en seis patologías (cataratas, hernias inguinales, artroscopia, colecistectomía, túnel carpiano y prótesis de cadera) y todas esas patologías no son habitualmente susceptibles de derivación entre Comunidades».
Al relacionar listas de espera y derivación de pacientes, Ribó destaca en su comunicado del miércoles que Cataluña es la segunda comunidad por número de centros de referencia, 83, detrás de los 86 de Madrid. Sin embargo, los datos de listas de espera alejan mucho a estas dos comunidades. También en el tiempo medio de espera de sus respectivos pacientes: 95 días en Cataluña y 35 en Madrid.
Para el presidente de la FADSP, argumentaciones como las del Síndic son excusas sin fundamento. Recuerda que Cataluña es la segunda comunidad con el presupuesto sanitario per cápita más bajo de España (1.193 euros, según datos de la federación basados en los presupuestos previstos para 2019) y destaca que «fue la primera que hizo recortes en la Sanidad y los hizo más duros».
Ni el Departamento de Salud de la Generalitat ni el Ministerio de Sanidad, consultados por EFE, han facilitado datos sobre la repercusión en Cataluña de la derivación de pacientes de otras comunidades. Fuentes del ministerio han precisado que Sanidad dispone de datos al respecto, pero solo son de uso interno.
