La aplicación del acuerdo suscrito entre Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda del anterior Gobierno va a traer cola durante las próximas fechas. Como ya se apuntó aquí la pasada semana, los laboratorios deberán abonar alrededor de 200 millones a las arcas públicas porque el gasto farmacéutico crecerá este año más de lo que lo hará la economía española. Al tratarse de una eventualidad pactada, la devolución no supondrá en sí misma un problema para los laboratorios más allá de lo que la cantidad arañe su cuenta de resultados. El guirigay se producirá, sin embargo, en el reparto de los pagos. ¿Deberá cada compañía acometer la parte que le toque en función de su cuota de mercado o según el crecimiento? Entre los partidarios de la primera modalidad se encuentran los que más crecen, que son los laboratorios americanos y los suizos. Entre los defensores de la segunda opción se encuentran los laboratorios que integran el grupo inglés, el mixto y el español. Otra duda es si también deberán devolver a las arcas públicas las compañías que no forman parte de Farmaindustria y que, por tanto, no firmaron el pacto. Sería el caso de empresas como Grifols, Shire o Gilead, aunque hay más. En el seno de estas empresas se entiende que no, pero en la patronal dan por hecho que sus laboratorios pagarán la parte que les corresponda y será luego Hacienda la que reclame la parte restante a estas compañías no integradas en Farmaindustria.
