Atacan en su despacho a un fiscal argentino que investiga mafias policiales

Investigar la corrupción policial en Argentina es un trabajo peligroso. Eso le ha quedado claro al fiscal Fernando Cartasegna, golpeado y atado en su propio despacho por un desconocido que ingresó por la ventana cuando la seguridad del edificio se había retirado. Antes de abandonar la fiscalía en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el agresor escribió con azúcar en el suelo “Nisman”, por Alberto Nisman, el nombre del fiscal que en enero de 2015 apareció muerto de un disparo en cabeza dentro su casa cuando se aprestaba a denunciar en el Congreso una supuesta maniobra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista a la mutual judía Amia, en 1994. El martes, Cartasegna recibió el expediente que investiga las conexiones de la policía con abogados dedicados al montaje de causas derivadas de accidentes de tránsito y laborales.

Terminado el horario de oficinas, cerca de las 17.00 horas de Buenos Aires, Cartasegna se encerró en su despacho bajo llave para leer una serie de expedientes. En ese momento alguien entró por una ventana, lo golpeó por la espalda, lo tiró al suelo y lo ató de pies y manos con un cable de teléfono y lo amordazó. Luego amenazó a su familia, nombró a sus hijos y, antes de escapar, escribió “Nisman” en el suelo. “El fiscal pudo hacer una comunicación telefónica pero sin hablar”, dijo el procurador general de la provincia bonaerense, Julio Conte Grand. “Así tomamos conocimiento de lo que estaba pasando y el personal pudo ingresar a su despacho”, explicó. Cartasegna tendrá a partir de ahora custodia de la Policía Federal, dependiente del ministerio de Seguridad del gobierno central.

Cartasegna es reconocido por su lucha contra las redes de trata de personas y el desmonte de redes de prostitución y pedofilia. Pero desde este martes tiene en sus manos una causa contra las mafias policiales que ya le valió dos amenazas violentas en pocos días. El fin de semana pasado, dos hombres y una mujer vestidos con viejos uniformes de policías interceptaron su auto y lo golpearon en la calle. “Yo iba a entrar a la Fiscalía, que es el lugar más seguro del Poder Judicial. Creo que me venían siguiendo. Me bajaron del auto me golpearon con un hierro, me golpearon en las piernas y en la nuca. Me llevaron a un garaje oscuro y me interrogaron sobre mis causas y me dijeron cómo debía llevar la nueva causa”, contó en una entrevista con La Nación. Antes, desconocidos empapelaron el edificio de la fiscalía con una foto suya bajo la leyenda “el próximo Nisman”. El fiscal dijo enseguida que sus agresores eran “unos tarados poco profesionales” y bromeó con el interés que despertó la agresión sobre los nuevos expedientes contra la policía que tiene en su poder.

“Hay algo ahí (en el expediente) que debe ser muy importante”, dijo. Los documentos que recibió prueban la presunta conexión entre policías y “caranchos”, como se llama a los abogados que montan causas por accidentes laborales o de tránsito para cobrar indemnizaciones que sus clientes nunca reciben. La causa de los “caranchos” es una derivación de otra más amplia, a cargo de otra fiscalía, que investiga el hallazgo de sobres con cientos de miles de pesos en la jefatura de la policía de La Plata, provenientes, al parecer, del cobro de sobornos a comercios a cambio de protección y por connivencia con prostíbulos y narcotraficantes.

Enfrentar a las mafias de la policía de la provincia de Buenos Aires, una fuerza de 93.000 hombres en el distrito más grande de Argentina, es uno de los principales desafíos de la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde el inicio de su gestión, hace 17 meses, expulsó de la fuerza, por causas diversas, a casi 4.300 agentes y encarceló a otros 362. La obligación de los mandos superiores de presentar sus declaraciones de ingresos terminó con 1.000 policías investigados por enriquecimiento ilícito.

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