Cárcel para una pareja británica por el ‘fraude de la diarrea’ en Mallorca

Una pareja británica ha sido condenada a penas de prisión por reclamar una indemnización de un operador turístico, alegando falsas intoxicaciones alimentarias durante sus vacaciones, una práctica que se ha extendido ampliamente en el país en los últimos años.

Un tribunal de Liverpool condenó a Deborah Briton, de 53 años, y a su compañero Paul Robert, de 43 años, a 9 y 15 meses de cárcel, respectivamente, después de que admitieran los casos de fraude que la compañía de viajes Thomas Cook había denunciado.

Un tribunal inglés les ha condenado a 9 y 15 meses de cárcel respectivamente

La pareja inicialmente reclamó una indemnización de casi 20.000 libras (22.500 euros) por supuestos problemas gástricos que les afectaron a ellos y sus dos hijos durante las vacaciones en Mallorca en 2015 y 2016.

”Una impostura total”, comentó el juez durante el pronunciamiento de la condena, afeando la “avidez” de la pareja

En las redes sociales, Deborah Briton y Paul Robert habían publicado: “Bien después de dos semanas de risas, sol y diversión” en junio de 2015 y en julio de 2016: “Volver después de unas vacaciones fantásticas, mi estancia favorita hasta ahora”.

Pero en agosto de 2016, se pusieron en contacto con un abogado que le había enviado una carta de queja a Thomas Cook. Declaró que las vacaciones de sus clientes habían sido “arruinadas porque estaban enfermas”.

“Aquellos que podrían ser tentados en el futuro a hacer declaraciones deshonestas inventando enfermedades imaginarias durante sus vacaciones … deberían esperar recibir sentencias de prisión”, advirtió el juez, refiriéndose a la “explosión” de casos similares en el Reino Unido.

La pareja reclamaba una indemnización de 22.500 euros

La Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) informa de que las reclamaciones por enfermedad en vacaciones se han multiplicado por siete en los últimos años, pasando de 5.000 en 2015 a 35,000 en 2016.

Estas reclamaciones, bien fundamentadas o no, supondrían un coste de 240 millones de libras (270 millones de euros) para los actores del sector solamente durante el año 2016.

Dada la magnitud del fenómeno, ABTA lanzó una campaña de comunicación para explicar a los viajeros los riesgos de emprender tales acciones de manera inapropiada. Teniendo en cuenta que estos casos “dañan la imagen del Reino Unido en el extranjero”, el Ministerio de Justicia anunció en julio un fortalecimiento de los controles.

Según los profesionales de viajes, la Ley de Protección al Consumidor del Reino Unido es tan protectora que no requiere un certificado médico que pruebe la enfermedad y otorga a los denunciantes tres años para presentar una queja.

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