MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que la denegación de medidas cautelarísimas que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León esta semana para que la administración autonómica evitara cualquier actividad de esquí en Navacerrada es una cuestión procesal que no se puede interpretar como que el juez permita esquiar en la estación.
Fuentes del Ministerio han señalado a Europa Press que estará a lo que diga el juez en este asunto una vez que el Tribunal ha decidido tramitarlas por el procedimiento ordinario.
Así, estiman que el juez no ha rechazado las medidas cautelares sino que el proceso de solicitud de medidas cautelarísimas no siga el procedimiento de urgencia.
No obstante, reiteran que los planteamientos del Organismo Autónomo Parques Nacionales y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no han cambiado, siguen siendo los mismos, y está a la espera de que el procedimiento se desarrolle como la justicia estime conveniente.
El pasado mes de marzo el Organismo Autónomo Parques Nacionales comunicó a la Junta de Castilla y León que el permiso de actividad de esquí de tres pistas de dicha estación alpina de Navacerrada había expirado y que no tenía intención de prorrogarlo de nuevo, entre otras razones por la cada vez mayor falta de nieve en las últimas décadas a consecuencia del cambio climático, de modo que las estación debía desmantelar las instalaciones, incluido el telesilla y revertir los terrenos a su estado natural.
Pero esta semana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señaló el lunes en rueda de prensa junto a su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la estación seguiría abierta.
«Va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas», ha señalado.
El mismo lunes, 29 de noviembre, departamento que dirige Teresa Ribera, informó que la Abogacía del Estado ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por la «ocupación ilegal» de los terrenos del Puerto de Navacerrada y acusó al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir «deliberadamente» el esquema de reparto de competencias.
Este jueves, 2 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un auto al que ha accedido Europa Press, ha denegado la suspensión cautelar interesada de la petición de medidas cautelares provisionalísima y urgente para que el gobierno autonómico impida cualquier actividad de esquí alpino y el uso de las instalaciones, como pedía el Gobierno «hasta que se resuelva el contencioso administrativo».
Además da trámite de audiencia a la Junta de Castilla y León y a la entidad concesionaria para que presenten alegaciones al considerar el tribunal superior que no concurre urgencia alguna para adoptar tales medidas cautelares. No obstante, aclara que la solicitud quedará garantizada a través de la tramitación ordinaria del incidente con audiencia de las partes.
