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El juez localiza ingresos de 320.000€ en cuentas de la esposa del exdelegado del Gobierno en Ceuta

El juez instructor del caso Lezo ha localizado movimientos bancarios por valor de 320.000 euros en las cuentas de la esposa del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro.

En su declaración en sede judicial ante el el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Luis Vicente Moro aseguró que los sobres encontrados durante los registros en su domicilio con billetes de 500 euros y con una tarjeta de Ignacio González “no eran comisiones” para el expresidente madrileño, sino ahorros de su esposa para pagarse “los implantes en la boca”.

Según un documento remitido por la policía judicial al instructor de la causa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la esposa de Luis Vicente Moro, Carmen Velasco, realizó hasta 5 movimientos en cuentas que están a su nombre con ingresos y retiradas que sumanan un total de 320.000 euros.

El 24 de septiembre del 2012, Carmen Velasco retiró 50.000 euros de una cuenta; el 24 de septiembre de 2013, 60.000€ de otra cuenta; y el 24 de diciembre de 2014, efectuó una nueva retirada de 70.000 euros.

El cuarto movimiento bancario tuvo lugar el 11 de abril de 2016, ya que se registró una nueva retirada de 70.000 euros y finalmente, el 5 de junio de 2017, tras estallar el caso Lezo, Carmen Velasco retiró otros 70.000 euros de otra cuenta. Además, se han localizado 4 visitas a una caja de seguridad bancaria a nombre de la esposa del exdelegado del Gobierno en Ceuta.

El ‘reparto’ de Emissao

Cabe destacar que el ‘arrepentido’ exgerente de Inassa en Colombia, Diego García Arias, afirmó en su comparecencia ante el juez que Ignacio González “tuvo conocimiento en todo momento de la operativa de adquisición”, de la filial brasileña del Canal de Isabel II, Emissao, “situándose cómo uno de los organizadores e impulsores de la misma junto con Luis Vicente Moro”.

Según García Arias, la comisión a repartir por la compra de la filial brasileña Emissao fue de 5,4 millones de dólares. Para Luis Vicente Moro, Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira, 900.000$ y para Ignacio González 1,8 millones.

Con Luis Vicente Moro”, añadía el arrepentido de Lezo recordando las palabras de Rodríguez Sobrino, “estaba intentando abrir cuentas bancarias en el Helm Bank de Panamá y le negaron la apertura de las cuentas porque tuvo problemas en España. También me contó que Moro pidió ayuda a uno de sus hijos para abrir una cuenta y éste se negó. Le dijo ‘papá no’”.

Hasta el momento, las comisiones rogatorias remitidas a diferentes países como Panamá o Colombia no han localizado ninguna cuenta con dinero a nombre de Ignacio González.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Otra ‘tapadera’ del nº 2 del Canal

Mientras tanto, tal y como avanzaba este diario, el juez instructor del caso Lezo ha localizado otra empresa tapadera en Panamá del que fuera nº 2 de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Dicha sociedad disponía de una cuenta bancaria en Suiza.

En un escrito remitido por el despacho de abogados panameño Rosas y Rosas a la Fiscalía de Panamá, se detallaba toda la información disponible sobre la sociedad Landy Corp. S.A. El bufete indica en el documento que “el beneficiario final de la sociedad Landy Corp. S.A., es el Sr. Edmundo Rodríguez Sobrino” y que dicha compañía mantenía acciones al portador y “una cuenta bancaria con el Banco CA Indosuez (Switzerland) SA en Ginebra”.

“La Sociedad Landy Corp. S.A”, añadía, “fue solicitada por nuestro cliente intermediario Overseas Management Corp. quiénes a su vez nos indican que la incorporación de la sociedad fue encargada por su cliente NWT Conseil S.A. Esta última también dio instrucciones para la disolución de la sociedad, la cual se dio mediante la Escritura Pública 6392 del 7 de marzo de 2013″.